José Barta. 21 de mayo 2012.
Las medidas adoptadas por el Gobierno español el pasado día 11 de mayo, por fin comienzan a establecer nuevas bases para el esclarecimiento y la cuantificación del riesgo inmobiliario de las entidades financieras españolas.
Independientemente de los resultados que, en mi opinión, producirá la estrategia adoptada por el Gobierno Rajoy – que publicaré someramente una vez termine la ronda de encuentros de trabajo con mis actuales clientes, orientados a facilitar la adopción o corrección de estrategias de los mismos – en pocas líneas quiero reseñar un fleco, o asignatura, no pequeña, pendiente de resolver por parte del ejecutivo.
Se trata de las sociedades inmobiliarias participadas por las entidades financieras españolas.
Incluyo en el concepto de “inmobiliarias” todas aquellas sociedades que actúan en el sector inmobiliario, sean tenedoras instrumentales de suelos y/o edificios, sean, promotoras inmobiliarias, sean lo que sean, siempre que su actividad se encuentre vinculada al sector inmobiliario y sea tenedora de activos de dicho tipo, incluidos aquellas que detentan meramente “derechos” sobre activos o proyectos inmobiliarios.
Lo amplio y farragoso que resulta el párrafo anterior se justifica por la necesidad de abarcar una realidad caracterizada por los “eufemismos”, cuando no por el “ocultismo” puro y duro, por parte de algunas entidades financieras.
El perfil de estas sociedades es variopinto. Las entidades financieras están presentes en el capital de grandes inmobiliarias (Metrovacesa, Colonial, Afirma…), aunque la inmensa mayoría son participaciones en pequeñas promotoras no cotizadas. Estas compañías, filiales al cien por cien, o en las que se tiene un paquete accionarial de control o minoritario, tocan todo el negocio inmobiliario.
Ya en el año 2008, cuando algunos gestores todavía minusvaloraban la crisis actual, se llegó a cuantificar, la presencia de “los principales bancos y cajas de ahorros”, en 465 promotoras.
De estas 465 compañías más de 300 estaban en números rojos por la parálisis de su actividad.
Actualmente debemos tener en cuenta que, al deterioro de los activos inmobiliarios de dichas sociedades, se le une una explotación en perdidas.
Este tipo de inmobiliarias se ha incrementado en los últimos tres años como consecuencia de una práctica que ha venido generalizándose en el sector financiero: la adquisición de acciones contra deuda, transformando esta última en participaciones de las sociedades en grave riesgo de mora.
Una idea de la importancia de la dimensión del riesgo, que esta práctica supone, nos la puede dar el saber que BFA-BANKIA tienen participaciones en más de 200 de estas empresas. La mayoría de estas participaciones se encuentran valoradas, en el activo del grupo, a su valor en los Balances de las mismas, en los que no se recogen las posibles pérdidas derivadas de la caída del mercado.
No menos de 1.000 sociedades vinculadas al mundo inmobiliario se encuentran actualmente participadas, en mayor o menor medida, por entidades financieras, en España.
Estamos hablando de estimaciones difíciles de realizar, dada la falta de transparencia, pero que fácilmente superaran dos decenas de miles de millones de euros.
Urge acometer este último reto de transparencia, independientemente de la solución que se desee aplicar posteriormente.