José Barta; 7 de diciembre 2011
Finalmente el Banco de España ha adjudicado la Caja Mediterránea (CAM) a Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro. Esta operación que se materializará una vez que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) suscriba una o varias ampliaciones de capital de la entidad por importe de 5.249 millones de euros.
Adicionalmente a esta ayuda, la entidad presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha decidido que el plan de reestructuración de la CAM contemple que el FGD conceda a la entidad intervenida un esquema de protección de activos por el que asumirá el 80% de las pérdidas derivadas de dicha cartera durante un plazo de diez años. Esta perdidas están estimadas en 1.600 millones de euros, según explicaron en fuentes del FROB, que emplea cálculos de la auditora Ernst & Young.
Dada la participación del FGD en el plan de reestructuración, el Banco de España “garantiza” que la operación no tendrá impacto en la ejecución presupuestaria del Estado.
Independientemente de que esta nueva decisión, de la “Generación Zapatero”, se ajusta fielmente al plan establecido, el pasado año, por el equipo capitaneado por Aristóbulo de Juan, explicitado suficientemente en mi post titulado A modo de resumen y conclusión respecto a los bancos malos, el problema de fondo lo encontramos en la valoración de perdidas, que se deducen de una valoración de “activos”, en su mayoría inmobiliarios, o con soporte último inmobiliario, claramente sobrevalorados, actualmente en no menos del 40% sobre su valor real en el mercado.
¿Va a aguantar el FGD una desviación que triplicará, como mínimo, las pérdidas previstas? ¿Las va a aguantar como la Seguridad Social iba a aguantar sin perdidas? ¿Quién terminará pagando el diferencial? Me temo que los contribuyentes.
No deja de sorprenderme como, el super progre régimen zapateril, sistemáticamente antepone los intereses de una minoría a los del resto de la sociedad. Quizás es que eso es lo que único que saben hacer esta ralea de “ideólogos”.
Por cierto, Emilio Botín tampoco parece que entienda muy bien que intereses se defienden con estas actuaciones, que penalizan a los más responsables, premiando a los más “insolventes”.