José Barta; 17 de noviembre 2011
“Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo (…) permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos, privarán a la gente de toda posesión, (…), hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron.” Thomas Jefferson (1802)
La Autoridad Bancaria Europea ha elevado la exigencia de Core Capital para las entidades de la zona euro a 10. El objetivo de esta medida es garantizar su solvencia. DEXIA, el recientemente quebrado banco franco-belga ofrecía un Core Capital de 12.
Y es que recurrentemente tenemos que soportar, contra la evidencia más clara, como se nos explica que el problema del sistema financiero es de liquidez, no de solvencia, como consecuencia de una sobrevaloración de activos.
Echemos una rápida ojeada a estos conceptos que, como mi contertulio de Primera Hora Arjan Sundardas diría, son de primer curso de económicas, al menos de la de antes de la Logse y herederas.
Una empresa es solvente, siempre que el valor realizable, a precios realistas de mercado, de sus activos exceda el de su deuda.
A t = Valor realizable de los activos en un momento t
P t = Valor del total del pasivo en ese momento t
V t = Valor neto de la compañía en ese momento t
Si A t > P t en la formula A t – P t = V t, la compañía será +, es decir solvente.
Una compañía puede verse sin liquidez, si no tiene la capacidad de obtener el suficiente dinero en efectivo – o en activos líquidos que puedan ser rápidamente convertidos en efectivo – para cubrir deudas a corto plazo que vencen dentro de un mes o un año.
Una empresa sin liquidez pero solvente puede ser ayudada, a través de un préstamo puente a dicho corto plazo, garantizado por otros activos, o una línea de crédito abierta en un banco comercial.
Para los bancos solventes el Banco Central es un prestamista a corto plazo de último recurso.
Un mes, un año, dos años de alteración de los mercados que dificulten la capacidad de realizar determinados activos a precios capaces de hacer frente a las deudas contraídas, más sus intereses, pueden ser considerados problemas de liquidez. Cuando el horizonte de recuperación de los precios de los mercados, para alcanzar los valores precisos para afrontar las obligaciones económicas contraídas, se proyectan a cinco, diez, quince o más años, debemos concluir que dichos activos no valen lo que valieron, y que, a efectos contables, no lo valdrán nunca, ya que no alcanzaran el valor necesario, en los plazos precisos, para hacer frente a los compromisos de pago.
De esta situación se deriva la suspensión de pagos e incluso la quiebra.
Esta conclusión parece que está clara si se tratara de aplicar a cualquier tipo de compañía; la excepción aparece cuando se trata de aplicar a las entidades financieras, momento en el cual surge el “miedo escénico” y estas se ven con problemas de liquidez en lugar de insolvencia.
Como la realidad es tozuda, por más dinero que se le aporte a estas entidades, lo único que se consigue es que se sigua incrementando el pasivo, por los intereses y gastos propios de este tipo de financiaciones, mientras que los activos siguen carentes de cualquier tipo de actividad, muertos, invendibles.
El sostenimiento de esta situación da lugar a los llamados “bancos zombis”.
Esta situación es la que estamos viviendo en España con un elevado número de entidades, la mayoría Cajas de Ahorro, aunque también tenemos Bancos, como recientemente hemos comprobado con el Banco de Valencia, y seguiremos comprobando con algunos otros, aun cuando algunos se fusionen o se hayan fusionado.
El precio de venta de las viviendas y de los suelos no se ha acabado de desplomar porque las propias entidades financieras los están controlando, al ser lo mayores financiadores de este tipo de operaciones. Sencillamente financian principalmente la venta de inmuebles que se encuentran en sus balances y tratan de sostener los precios iníciales con créditos hipotecarios sobre el 100% de las operaciones y a largo plazo.
Esta estrategia la he denunciado en numerosas ocasiones, desde el 2009, tanto en la prensa como en mi blog personal.
En un mercado con escaso número de operaciones, con las actuales técnicas de valoración, controlar los precios es relativamente fácil.
Pero los precios que el mercado está dispuesto a aceptar como validos se encuentran todavía muy por debajo de los actuales: en vivienda puede quedar cerca de un 20% de caída media y en suelos, dependiendo de la situación geográfica y urbanística de los mismos, puede quedar un recorrido en caída entre el 30% y el 60% sobre los precios actuales. Si, efectivamente, hay suelos que no valen NADA, es más, dependiendo de su situación urbanística, ni siquiera se pueden adquirir por 1 euro. Con la titularidad del suelo debieran darte el coste que deberán soportar en los próximos 5 o 6 años, para no arruinarnos.
El profesor Ricardo Vergés, en su informe El Dinero del Auge, del primer semestre de este mismo año, cuantificaba “solo” el stock del número de viviendas en obras o paralizadas, o bien terminadas pero no vendidas, en dos millones y pico, frente a la “manida cifra oficialista” de 700.000 viviendas, cuya única virtud es que ni crece ni disminuye, con lo que en algún momento coincidirá con la realidad.
Esta situación supone más de medio billón de euros financiados, no los 200.000 millones de los que se viene hablando, con graves problemas para ser devueltos a las entidades financieras.
Pero no acaba aquí lo que los “expertos” denominan exposición al riesgo inmobiliario. El suelo es quizás el mayor problema en cuanto a porcentaje de perdida entre su valor real de mercado y su valor de tasación. Sobre valores del 2007 podemos prever una caída media superior al 70%, en una banda que oscilaría entre el 30% (suelos urbanos el zonas prime) y el 90% (suelos rústicos en municipios colindantes a los costeros o a provincias limítrofes a grandes urbes.
Y finalmente, para acabar de identificar el “riesgo inmobiliario” de las entidades financieras tenemos que enfatizar el fruto de una estrategia, que en su día les pareció brillante, consistente en haber tomado posiciones accionariales en numerosas promotoras pequeñas, medianas y grandes, cotizadas y no cotizadas. Respecto a las pequeñas es difícil obtener datos suficientemente fiables, tan solo estimar que se elevan a no menos de 400 sociedades anónimas, valoradas a precio de adquisición, por lo que no reflejan las caídas del mercado; y respecto a las cotizadas, de las que es más fácil obtener datos, asistimos perplejos a como se transforman constantemente los derechos de crédito en acciones, ante la imposibilidad de que las susodichas consigan remontar el vuelo, y con esto tampoco lo consiguen, ya que les falta la capacidad de financiar al comprador final.
En definitiva, las entidades financieras tienen un gravísimo problema con el sector inmobiliario.
Y a esta tensión se le sumará, en una cuantía difícilmente valorable en este momento, la creciente insolvencia de compradores de vivienda habitual para uso propio y compradores de vivienda habitual como inversión (estos últimos se llegaron a cuantificar por encima de los 400.000 entre los años 2005 y 2008).
¿Cual es nuestra imagen macro? Recientemente, en septiembre de este mismo año, el BIS (Banco Internacional de Pagos) publicaba un informe sobre una estimación de deuda total (sector público y sectores privados, excluyendo entidades financieras) que habían realizado, incorporando posibles deudas ocultas, en función del PIB, de un importante número de países, entre los que se encontraba España.
Nuestro país aparece en este informe tras Japón, Grecia y Bélgica, como el cuarto país más endeudado, relativamente, del mundo; por delante de Estados Unidos.
A continuación le presento la tabla:
Paradójicamente, frente a países como Italia, o Alemania o Francia, el nivel de nuestra deuda pública es bastante más bajo, en relación con el PIB, como podemos comprobar en el cuadro siguiente:
En resumen, nuestro país ofrece un elevado riesgo debido a la alta tasa de endeudamiento, pero la misma corresponde principalmente al sector privado, centrada en el entorno del mundo inmobiliario, bien sea por su nivel de apalancamiento de familias y empresas, bien por las posiciones tomadas en empresas inmobiliarias por parte de las entidades financieras, bien por los numerosos impagos que se van produciendo, que han elevado el número de inmuebles adjudicados a unas cifras sin parangón en los treinta últimos años.
Nuestra evolución tiene mucho parecido, en cuanto a los orígenes y su tratamiento, con Irlanda.
Irlanda junto con un importantísimo crecimiento de su sector industrial, vinculado principalmente a grandes multinacionales que querían beneficiarse de las ventajas fiscales que ofrecía estos años pasados, sufrió un extraordinario crecimiento, en gran medida especulativo, del sector inmobiliario.
Y con el boom inmobiliario llego un extraordinario apalancamiento financiero exterior.
Irlanda tenía una deuda pública, en el año 2005, del 27,4% de su PIB, del 24,8%, en el año 2006, del 25% en el 2007, hasta que en el 2008 decide crear un “banco malo”, adquiriendo los activos tóxicos de sus entidades bancarias. A partir de ese momento se produce una espiral de crecimiento que, en algo más de dos años la lleva al 96,2% sobre su PIB.
La idea, que inicialmente se mostraba como atractiva, pronto se descubrió que había sido un autentico disparate, eso a pesar de que los activos inmobiliarios se valoraron y sufrieron un descuento sobre ese valor, para ser asumidos por el Banco malo.
La realidad puso de manifiesto que el mercado se encuentra muy por debajo de los valores estimados como buenos, para esos activos.
Este hecho lleva al Gobernador del Banco Central irlandés, Patrick Honohan , a declara al Financial Times, el jueves 1 de abril de 2010, que “es evidente que la mayoría de los daños en esta crisis – la reputación y financieros –– ha sido hecho por una sola institución, el Anglo Irish Bank”.
Bien, pues llegados a este punto comprenderán mi asombro y preocupación cuando descubro indicios de que este modelo pernicioso de Irlanda, que se ha venido siguiendo por el Gobierno socialista, con matices, más semánticos que de fondo, puede terminar culminando en su trayectoria con un Gobierno del Partido Popular.
Que lo ha venido siguiendo el Gobierno socialista, con la connivencia del Partido Popular, queda perfectamente reseñado en la operación que convierte el BFA (la matriz de BANKIA) en un Banco malo, haciendo que sea cuestión de tiempo el llevar a perdidas del Estado los millones recibidos del FROB1, así como los avales para la emisión de deuda. Nadie dijo una sola palabra en contra de separar el negocio mollar de la actividad propiamente bancaria (BANKIA), de la titular de los suelos adjudicados y de los créditos dudosos sobre más suelos. Nadie pidió que BANKIA avalase las posibles diferencias negativas que se produjesen entre el valor real de los activos y el importe de los créditos pendientes. Ningún acreedor protestó. Resultado, el contribuyente español se hará cargo de las perdidas del BFA.
Bueno, pues esta operación, agrandada a extremos insoportables, corre el riesgo de repetirse.
Luis de Guindos parece que defiende la posición que en su día defendió, bajo el titulo Envidia sana de Irlanda, Luís Garicano, realizando una apología del NAMA (Banco malo irlandés). Luis de Guindos realiza matizaciones tan sutiles que son difíciles de medir, pero que no libran al Estado de la asunción de las pérdidas que realizaron las entidades privadas.
Pero siendo Luis de Guindos un economista de peso en el mundo académico, y especialmente en el entorno del PP, mi preocupación comienza cuando, hace unos días, durante un desayuno informativo organizado por Intereconomía Conferencias, el secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, aseguró que si ganan las elecciones, “sacaran” estos activos a la luz, haciendo las “valoraciones adecuadamente”, en un proceso que ha admitido que será “complejísimo” y no tendrá una “solución fácil”. Y siguió: “Hay que meter el elefante en la tienda intentando romper las menos vajillas posibles, pero hay que hacerlo, porque la otra opción es seguir echando tierra encima”.
Que quieren que les diga, a lo largo de mi vida he descubierto que, cuando un político habla de platos rotos, tengo que ahorrar para pagar una nueva vajilla.
Pero todavía, les reconozco a mis lectores más templados y forjados en la escasa virtud de la paciencia, estas expresiones son susceptibles de numerosas interpretaciones, con sentidos encontrados en muchos casos.
Ahora júntenlas con las realizadas por Cristobal Montoro, el jueves de la pasada semana, cuando se mostró en contra de la creación de un banco malo, que aglutine a los activos inmobiliarios de las entidades financieras, y dijo que esa idea “no tiene un pase”, ya que el Estado no puede “socializar” las pérdidas de una entidad bancaria sino que “hay que compartir riesgos”. Y que se exigirán responsabilidades a los “malos gestores”.
Lo de las responsabilidades de los malos gestores, más o menos, sabemos en que suele quedar. Pero lo de “COMPARTIR RIESGOS”, esto sí que me ha puesto los pelos de punta. Resulta que yo no quiero compartir ningún riesgo con las entidades financieras, lo mismo que ellas jamás han compartido beneficios conmigo.
Enlazo con la reflexión del encabezado de este artículo, atribuida a Thomas Jefferson. Las entidades financieras no tienen razón de ser por sí mismas, tan solo en la medida en que actúan de manera acorde con la naturaleza que justifica su existencia.
O son capaces de canalizar el dinero para contribuir a la creación de riqueza, o no tiene sentido su supervivencia. Nada es peor, para nuestra sociedad actual, que la permanente contracción del crédito que va a las familias y a las pymes.
Es necesario que rijan las leyes del mercado, esas que se usaron para justificar los desmedidos beneficios.
No se puede sacrificar a toda una sociedad por el beneficio de unos pocos, que no cumplen con sus obligaciones. No hay nada que lo justifique. Solo un temor cerval (de ciervo) puede justificar esta actitud. Los responsables del PP, ganadas las elecciones, deben tranquilizar a la sociedad a este respecto, y rectificar lo mal hecho por el Gobierno socialista, en la medida de lo posible, como es la situación respecto al BFA y a otros.