José Barta, 22 de octubre de 2011
El pasado 21 de junio de 2011, con el título “Sobre Cajas, Bancos e hipotecas”, publiqué un articulo, en la sección de Opinión, de la Web de Gestiona Radio, en el que me posicionaba de forma clara sobre la situación generada por el impago de una hipoteca sobre una vivienda, en el supuesto de insolvencia familiar.
Al tiempo aprovechaba para hacer pública una propuesta que, hace ya unos años, intenté hacer llegar al todavía Presidente del Gobierno de España. En la misma planteaba una serie de alternativas para todas aquellas familias que pasaran por situación de crisis económica, ya que entiendo que la actual Ley es, por los costes que implican sus acciones, absolutamente inservible para las familias medias.
Dada la imposibilidad de acceder hoy en día a dicho artículo, por haber sido reformada la Web de Gestiona Radio, y entendiendo que sigue siendo de actualidad, a continuación procedo a transcribirlo:
Sobre Cajas, Bancos e hipotecas
Hace ya algo más de cuatro años, a través de una amiga, miembro del PSOE, con magnificas relaciones con el entorno del actual Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, intenté hacer llegar a Moncloa la necesidad urgente de regular los supuestos de “Insolvencia Familiar”, agilizando los procedimientos, reduciendo los costes (procedimiento judicial pero prescindiendo de abogados y procuradores, con actuación de la subinspección de Hacienda como fedatario de las realidades expuestas y articulando propuestas económicas que facilitaran la superación de ese tipo de situaciones coyunturales) y dando prioridad al mantenimiento de la propiedad de los inmuebles que constituyeran domicilio familiar, salvo casos de quiebra familiar manifiesta. En el peor de los casos se tenía por obvio que el endeudamiento hipotecario de las familias finalizaba con la entrega del inmueble a la entidad acreedora.
Desde mi punto de vista la necesidad regulatoria solo era necesaria para articular el nuevo procedimiento de “insolvencia”, no para la “dación en pago”, o cese de la deuda por la entrega de la vivienda hipotecada.
Las razones que vengo aduciendo, para defender esta posición, se pueden agrupar en tres conceptos:
A) Posición de dominio de las entidades financieras, dado que la estrategia seguida por todas ellas (Bancos y Cajas), ha sido la misma, hipotecando el bien y obligando a avalar simultáneamente, no pudiendo el solicitante negociar estos términos del contrato, debiendo optar por aceptarlos o quedarse sin comprar la vivienda.
B) Abuso de confianza, ya que fueron las mismas entidades financieras las que animaban a contratar los créditos en condiciones de dudoso cumplimiento futuro. Defendiendo a ultranza el sobre precio de las viviendas, apoyándose para ello en tasaciones de “empresas especializadas” que ellos mismos contrataban, como “garantía objetiva” del valor de dichas viviendas, sobre las que se establecerían los correspondientes créditos hipotecarios. Convirtiéndose de esta forma, las propias entidades, en las principales prescriptoras de estas operaciones, frente al comprador final.
C) Clausulas posiblemente leoninas, dado que las mismas no tienen contrapartidas, ni ofrecen alternativas al obligar al cliente a garantizar su crédito con el bien inmobiliario – del que se afirmaba valer lo suficiente para hacer frente a la deuda contraída, por ello asegurado por la propia entidad contra el riesgo de destrucción accidental -, al tiempo que se les obligaba a contraer avales sobre la totalidad del importe del crédito, como si no hubiere garantía real alguna, NO CONCEDIENDO AL CLIENTE PRESTATARIO LA OPCIÓN DE OPTAR POR UNA DE ESTAS GARANTIAS, SINO OBLIGANDOLE A ASUMIR AMBAS.
Hace más de un año, la Fiscalía de New York inició acciones contra unas empresas tasadoras, porque se encontraron indicios de que habían procedido a asignar a unos pisos los valores sugeridos por las entidades financieras que concedían los prestamos.
Aun cuando en nuestro país estas cosas, por supuesto, nunca suceden, no estaría de más que se realizará una mínima investigación en este sentido, dado que aquí el resultado podría acabar denominándose “maquinación para alterar el precio de las cosas”.
Llegados a este punto nos asalta la cantinela:” ¡cuidado, esta actitud puede hacer que las entidades financieras endurezcan su política de crédito! “
Sin perjuicio de que actualmente difícilmente lograrán superarse en este sentido, la respuesta es también obvia, ¡Ojala lo hubieran hecho hace mucho tiempo, evitando embarcarse en situaciones dramáticas a muchas familias que confiaron en sus criterios!
Por cierto, en Moncloa no me hicieron ni caso.
José Barta
21 de junio de 2011