José Barta Juárez. 12 de agosto 2022
La decisión adoptada el pasado 21 de julio por el BCE, de dar por concluida la fase de compra de Deuda Pública a países miembros, dejándola en manos del mercado, ha tenido que ser matizada ante la inminente crisis de prima de riesgo que se avecinaba para aquellos países de la eurozona más endeudados (Italia, España, Portugal, Grecia).
No sin el malestar de países como Alemania, se ha optado por crear una herramienta, ITP (Instrumento para el control del déficit), que tiene como objetivo “contrarrestar dinámicas de mercado desordenadas e injustificadas que suponen una grave amenaza para la transmisión de la política monetaria”, es decir, evitar que cualquier país de la eurozona sufra una crisis de deuda por el alza desbocada de su prima de riesgo, como pasó tras la Gran Recesión de 2008.
En contra de su aprobación se aducía la existencia de otro instrumento, como son los OMTE, que fue diseñado para abordar las graves distorsiones en el mercado de bonos del Estado vinculadas a preocupaciones injustificadas sobre la cohesión de la unión monetaria. Los Estados miembros que participan en él también tienen que solicitar la asistencia del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) con el fin de llevar a cabo sus políticas económicas de manera sostenible y reducir sus niveles de deuda. El argumento principal contra el uso de instrumentos de política monetaria para limitar las primas de riesgo, es que “resulta prácticamente imposible establecer con certeza si un diferencial ampliado está o no justificado fundamentalmente.”
Finalmente se consensuó la creación de los ITP, que permitirán que el BCE realice compras, con carácter excepcional, de valores del sector público, como títulos de deuda negociables emitidos por gobiernos centrales y regionales, así como por agencias estatales, con un vencimiento residual de entre uno y diez años.
Pero estas compras no serán “gratuitas”, se establecen rigurosas condiciones, tales como el que el país que quiera acceder no puede estar sujeto a un procedimiento de déficit excesivo, o no haber tomado medidas efectivas en respuesta a una recomendación del Consejo de la UE.
En el caso de España, tendremos que vigilar el nivel de deuda y no caer en un déficit excesivo, para que el BCE acceda a proteger nuestra prima de riesgo. Pero no se limitarán las exigencias a estos términos, se vigilará la “ausencia de desequilibrios macroeconómicos severos” y, sobre todo, la “sostenibilidad fiscal”.
Las medidas que se propongan, por parte de los países solicitantes, serán valoradas por el Consejo de Gobierno del BCE, que tendrá en cuenta, además de los informes de sus equipos internos, los análisis de sostenibilidad de la deuda realizados por la Comisión Europea, así como los elaborados por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y por el Fondo Monetario Internacional.
La laxitud o rigor que se observe, por parte del BCE, en la exigencia de lo acordado para la aceptación del ITP mejorará o empeorará el tratamiento en la compra de deuda de países como España, potenciando o reduciendo una futura crisis institucional en la Unión Europea, de la mano de los países que encabeza Alemania.