José Barta, 10 de agosto 2020
La crisis que estamos sufriendo en nuestro país, no ha hecho sino aflorar una realidad administrativa, política y empresarial obsoleta, anquilosada, muy alejada de sus principales competidores europeos, que conforma una comunidad poco capacitada para poder afrontar la “incertidumbre” que caracteriza a la sociedad actual y a los distintos mercados.
En el ámbito público, políticos y altos funcionarios, en términos generales, se han mostrado más preocupados en eludir responsabilidades que en adoptar soluciones.
Al tiempo que muchos empresarios se han aferrado al “no pasa nada”: las “impresiones personales”, el aferrarse a “soluciones tradicionales”, el “miedo a contribuir a una caída de mercados”, se han impuesto a las “evidencias”, sin percatarse de que “negarlas” no cambia la realidad y entorpece nuestra capacidad de gestionarla.
Frente a quienes mantienen la coyunturalidad de esta crisis, la magnitud de nuestra crisis denuncia que su trasfondo es estructural, exigiendo reformas institucionales y empresariales, así como un profundo cambio cultural.
Todavía muchos expertos persisten en que “nuestro sistema sanitario es el mejor del mundo” olvidando las larguísimas listas de espera de los pasados años, el desbordamiento de los servicios de urgencia en épocas de resfriados, la ausencia de especialistas (por ejemplo en pediatría) en atención primaria…Un sistema sanitario que se ha visto mermado por la escasez de profesionales bien formados y por los bajos salarios e insoportables condiciones de trabajo. Muchos sanitarios españoles, bien formados en una estructura docente que si ha seguido manteniendo, en términos generales, muy altos estándares de calidad, se han visto forzados a emigrar a otros países, siendo reemplazados, en parte no en su totalidad, por profesionales provenientes de sistemas educativos de más baja cualificación. Hemos estado invirtiendo en la formación de talento, para que den frutos fuera de nuestro país. En el ámbito sanitario, esta política no solo es estúpida, es criminal, como se ha comprobado en estos últimos meses.
Algo similar podríamos decir del ámbito docente obligatorio, donde el sectarismo ideológico se encuentra más pendiente de erradicar la capacidad de elección de los padres que de elevar los estándares de calidad en la enseñanza y mejorar las condiciones del profesorado.
La “autojustificación” se ha impuesto como criterio de actuación política; recuerdo que se ha “vendido” la gestión de la pandemia como la “única” posible, algo que es falso (remito a mi post de 23 de abril, titulado “Criterios para entender una Hoja de ruta en la lucha contra el coronavirus”, que sigue siendo actual)
La experiencia amargamente sufrida, en lo que respecta a dos sectores tan críticos para el presente y el futuro de nuestra nación como son los ya mencionados de sanidad y educación, no parece que esté sirviendo para corregir los errores cometidos desde hace años (remito a mi post del pasado 18 de junio, titulado “El difícil equilibrio entre libertad e igualdad que ha precipitado la Pandemia”)
El Covid-19 no es suficiente para explicar la dimensión de la tragedia, humana y económica, que hemos vivido y seguiremos viviendo.
La realidad española, tanto en el ámbito político como social y económico, se asemeja, en mi opinión, a una barca con múltiples timoneles, a la que una fuerte tormenta ha desarbolado, descubriendo que el motor se encontraba deteriorado y falto de combustible. Hemos quedado a merced de los vientos y las olas y ni siquiera nos ponemos de acuerdo hacia donde remar. La catástrofe está servida, y no era imprevisible. Algunos lo anunciamos hace años, y hemos vuelto a alertar recientemente.
¿Cuál es nuestra situación real desde la perspectiva exclusivamente económica?
El rescate de un elevado número de empresas financieras, a raíz de la crisis del 2008, que recayó principalmente sobre la clase media española, dejó una sociedad empobrecida, con un sector empresarial mermado y muy vulnerable, afectando principalmente a profesionales autónomos, a pequeñas y a medianas empresas, que suponen cerca del 98% del tejido productivo español.
La pequeñas y medianas empresas españolas generan el 65% del PIB y soportan el 75% de los puestos de trabajo, la mayor parte en sector servicios. Baja productividad, baja capitalización, bajos sueldos, escasa innovación, salvo en sectores como la restauración o la hostelería, fuertes tensiones de tesorería…, conforman una estructura económica y social muy vulnerable a una crisis como la actual.
La llegada del Covid-19 nos ha pillado en proceso de recuperación, apoyados principalmente en el sector turístico y en la construcción.
Hace unos meses, instituciones como UBS o KPMG, a duras penas pronosticaban una caída del PIB español superior al -6%, en el peor de los escenarios. Una vez más, extremando la prudencia, los profesionales del B de E se mostraban más cercanos a la realidad, apuntando la posibilidad de llegar a una caída del -12%.
En el Encuentro que, el profesor Miguel Córdoba y yo, celebramos en el Casino de Madrid, el pasado 15 de abril, apuntamos hacia un escenario ,que denominé de “incertidumbre caótica”, que afectaría profundamente a nuestra economía, con serios problemas estructurales tal como ya he expresado, por lo que debiéramos prepararnos para una caída del PIB más cercana al 20% que al 15%. La realidad está desbordando también nuestras previsiones.
Según datos del INE, publicados el pasado 31 de julio, en el segundo trimestre de 2020, España ha sufrido una caída histórica del PIB, que alcanza el -18,5% respecto al anterior trimestre, situándose en el -22,1% interanual. La mayor caída del PIB desde que existe la serie histórica (1970).
Esta caída, como está sucediendo a nivel internacional, muestra una clara asimetría, debido a las distintas estructuras productivas de cada comunidad, incluso de cada municipio, viéndose más afectados aquellos con mayor incidencia en sus ingresos del turismo, tanto interior como exterior.
El pasado 5 de agosto, la AIRef, publicaba su estimación de caída del PIB por Comunidades Autónomas. El lector podrá comprobar en el siguiente cuadro como estas caídas son mayores en Las Islas Baleares, Cataluña y Valencia.
Los errores de gestión de las Administraciones Públicas, la mayor exposición profesional a la infección y la ausencia de responsabilidad de determinados colectivos, están reactivando los contagios, bloqueando nuestros mercados exteriores y mermando los interiores. Las previsiones más pesimistas de Miguel Córdoba y mías se están viendo desbordadas.
El problema ya no es de tesorería, para muchos negocios comienza a ser de solvencia. La mera gestión crediticia, en un escenario como el que tenemos, desde hace años, de muy bajos tipos de interés, no es suficiente para sostener a muchas empresas. Nos estamos encontrando con el dislate de que el Estado facilita créditos a PYMES, para el pago de sus impuestos. Otro disparate es tratar de reducir el déficit de la Seguridad Social a costa de trabajadores autónomos, a los que se factura mensualmente un mínimo de 285€, aun cuando no logren factura un euro.
Las medidas a adoptar, si se quiere salvar a un elevado número de empresas pequeñas y medianas, no pueden quedarse en dotar de más créditos, que supone incrementar el endeudamiento hasta alcanzar la insolvencia, ni en el pírrico aplazamiento de impuestos por tres meses o seis, sin tener en cuenta la capacidad de recuperación del sujeto tributario, es preciso hibernar la situación fiscal y económica de muchos de nuestros trabajadores autónomos, de nuestras microempresas, así como de muchas de nuestras pequeñas y medianas empresas, localizando los sectores y ubicaciones territoriales más criticas, descartando de estas acciones a las supuestamente inviables, que en su mayoría ya se habrían manifestado como tales antes de la pandemia.
Actualmente se está hablando mucho sobre la imposibilidad física y psíquica de los sanitarios, en zonas tan machacadas como Madrid, para afrontar un segundo brote este año, y tienen mucha razón, sin perjuicio de la capacidad ya demostrada de estas personas para sobrellevar lo insoportable, algo similar podemos decir de nuestro tejido empresarial, en la última década ha sufrido mucho, quedando muy mermado de recursos, muchos de los cuales ya han desaparecido por la situación de confinamiento obligado. No basta con aplazar gastos, costes fiscales, laborales. Es preciso, en bastantes casos, proceder a la hibernación, no aplazando sino suspendiendo tributos, tasas, impuestos, cotizaciones, costes laborales (prolongando los ERTES), permitiendo y facilitando las renegociaciones contractuales entre particulares, reduciendo IVAs…
Cada Comunidad, incluso cada localidad, comentaba más arriba, tiene su propia deriva en esta tragedia, por lo que prácticamente se deben adoptar soluciones a medida. Esto no es fácil, pero resulta imprescindible.
Hace unos días escuché por TV las declaraciones de uno de los muchos “expertos” que aparecen en los múltiples programas. Catedrático Emérito en una Universidad Catalana, podría haber sido de cualquier otra Comunidad, se indignaba con la comparación, desde la perspectiva económica, de las consecuencias de la Pandemia con las de una guerra. Su principal argumento era que “en las guerras se destruyen las infraestructuras productivas, mientras que en la pandemia quedan intactas”. Comparto en cierta medida su disgusto por la comparación con una guerra, pero discrepo por completo del argumento principal esgrimido; es más, me hace pensar que lleva demasiado tiempo fuera del circuito empresarial, de la realidad económica. Las estructuras productivas de nada sirven si no quedan emprendedores. Hace muchos años, potencias como USA y RUSIA, se plantearon el desarrollo de bombas que permitieran acabar con la población de un territorio, dejando intactas las carreteras, vías férreas, aeropuertos, fabricas, maquinaria, etc., pronto se dieron cuenta de que dichas acciones no beneficiarían en nada al invasor, desapareciendo las personas se obtendrían desiertos llenos de construcciones y equipos inutilizables, por lo mismo inservibles. Fue el reconocimiento implícito de que la mayor riqueza de un territorio son las personas que lo ocupan.
Sin emprendedores no hay actividad económica, al menos competitiva, repetiríamos las escenas de las cartillas de racionamiento y del estraperlo. Si las administraciones españolas, a todos sus niveles, no protegen la supervivencia de los autónomos y de los pequeños y medianos empresarios, que soportan el tejido productivo de este país, asistiremos a una crisis como jamás habremos conocido, asistiremos al Hundimiento de España.