José Barta; 13 de diciembre 2015
Al menos eso es lo que dicen los principales medios de comunicación: “El Pleno de la Asamblea de Madrid derogó hoy, 10 de diciembre 2015, el apartado de la Ley del Suelo en el que se prohibían las construcciones de más tres alturas, gracias al apoyo de los diputados del PP y de Ciudadanos y con el voto en contra de los parlamentarios de Podemos y PSOE.” Yo he intentado acceder a la documentación de la propia Asamblea, así como a la de la Comunidad y en el BOCAM, para comprobar el texto definitivo aprobado, sin conseguir el mínimo dato. Seguimos luchando contra la opacidad, a pesar de que en la Web del Gobierno Cifuentes aparece el mensaje “Transparencia”, quizás se refiera a nuevas tendencias en el vestir.
Solo puedo decir que llevo denunciando este disparate, y pidiendo su corrección, desde el mismo momento en que se aprobó, dado que dicha limitación no se correspondía con la mayoría de los perfiles urbanísticos de los municipios de Madrid, atentaba contra un desarrollo medioambientalmente sostenible y, finalmente, introducía un nuevo instrumento de “arbitrariedad” en el tratamiento de los proyectos urbanísticos en función de quien fuera el promotor. Quizás en el artículo en que trato más a fondo este asunto es el titulado LA CERRAZÓN URBANÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, del 20 de octubre 2013.
Obviamente la eliminación de la limitación de alturas reseñada no resuelve el problema de tener, con gran diferencia, la peor Ley del Suelo autonómica del Estado español. Urge acometer la redacción de una nueva Ley, algo que también llevo denunciando hace años, de lo que da fe mi artículo del 18 de septiembre 2012, titulado REFORMAS URBANÍSTICAS QUE EXIGIRÁ EL PROYECTO “LAS VEGAS”
El daño económico que la actual Ley produce a la Comunidad madrileña no se ha manifestado más crítico debido a la baja recuperación de la actividad empresarial, aun así ha incidido gravemente en la ralentización de numerosas actividades que hubieran contribuido a la generación de más puestos de trabajo. Y ha sido el PP, de la “liberal” Esperanza Aguirre, el responsable de dicha medida. Es de agradecer el papel que Ciudadanos ha jugado en esta derogación.
Me resulta más difícil de comprender la actitud de PSOE y Podemos, oponiéndose a esta decisión, justificándolo en la necesidad de una reforma completa de la Ley. ¿Es que las buenas medidas puntuales se deben paralizar hasta alcanzar un consenso general? ¿Qué tipo de lógica es esta?¿o es que se busca mantener una situación de deterioro por razones de conveniencia política? Esto último lo puedo procesar como algo lógico, pero resulta éticamente descalificante para sus actores.