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José Barta; lunes 20 de octubre 2014
Tentado he estado de titular este artículo con la obra de Shakespeare “Mucho ruido y Pocas nueces”, dado que la última peripecia de los responsables del urbanismo madrileño, esta vez con el Real Madrid como protagonista, sigue en la línea que podríamos calificar como de disparatada. Desgraciadamente para los madrileños, esta calificación afecta tanto a la gestión del Ayuntamiento de Madrid, cuanto a la de la Comunidad de Madrid.
Desde una Ley del Suelo ineficiente, confusa, propiciadora del caciquismo, que no parece se vaya a cambiar por parte del Partido Popular, que se muestra cómodo con ella -todo lo contrario de lo que sucede a los profesionales del sector, estén dentro o fuera de la Administración -, hasta un incierto cambio del Plan General de Urbanismo de Madrid, que mientras se produce no cesa de ser modificado puntualmente, al toque de trompeta de intereses de entidades financieras y de otros importantes grupos, pasando por las inconstitucionales (por Sentencia del TC) reformas realizadas a la Ley de Patrimonio de la Comunidad, la actuación de los responsables políticos del Urbanismo madrileño no parece perseguir otros objetivos más que los de dar respuesta satisfactoria a las propuestas de intereses particulares.
El desarrollo de un ordenamiento urbanístico y medioambiental que propicie la creación de proyectos para el crecimiento sostenible de la Comunidad, choca con la profunda miopía de sus gobernantes; a lo que se une en demasiadas ocasiones la falta de transparencia en algunos procesos realizados.
Que una determinada iniciativa provoque la revisión de una determinada Ley, es algo que puede resultar razonable y beneficioso (dependiendo de los intereses que defienda dicha Ley), pero que prácticamente la totalidad de las reformas legislativas se produzcan como respuesta a macro proyectos de iniciativa particular, pone de manifiesto una absoluta falta de modelo de desarrollo económico-social para la región, al que se le va añadiendo un cada día mayor descrédito en este ámbito de gestión. Proyectos como Eurovegas, Complejo Canalejas, ampliación de la Castellana, o la reordenación del ámbito de la antigua fábrica Mahou y del estadio del Atlético de Madrid, son algunos de los ejemplos de esto.
Ahora le ha tocado al Real Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante Auto de fecha 13 de octubre, mantiene la paralización de la ampliación del estadio Santiago Bernabéu. El Tribunal ha desestimado totalmente los recursos interpuestos por el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
Mediante Auto de fecha 31 de julio de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó la paralización de la modificación puntual del plan general de ordenación urbana de Madrid (PGOUM) por la que se autoriza la ampliación del estadio Santiago Bernabéu, ocupando suelo público, para construir un hotel de lujo y un centro comercial vinculado al Real Madrid.
El pasado mes de julio, el TSJM ordenó la paralización de la ampliación del estadio, admitiendo la solicitud de Ecologistas en Acción, basada en la investigación que la Comisión Europea realiza en relación a las posibles ayudas ilegales que habrían concedido, al club de fútbol, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid. Dentro de las ayudas investigadas se encuentra la permuta de una parcela en Las Tablas y de cuatro parcelas en las calles Mercedes Arteaga y Jacinto Verdaguer, en el barrio de Carabanchel. Estas permutas son pieza clave para posteriormente aprobar la modificación puntual del PGOUM, ahora paralizada.
Tanto el Real Madrid como el Ayuntamiento niegan esta vinculación y además, consideran que Ecologistas en Acción no está legitimado para entrometerse en una investigación abierta por la Comisión Europea por posible vulneración a la libre competencia, dado que no es competidor del club de fútbol.
El TSJM desestima estos argumentos al entender que las permutas de terrenos plasmadas en un convenio que se firmó entre el club de fútbol y el Ayuntamiento de Madrid, en julio de 2011, determina la configuración del ámbito sobre el que recae la modificación puntual, recurrida por Ecologistas en Acción, al tiempo que forman parte de los hechos investigados en Europa.