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José Barta; 17 de octubre 2014
Según informan, prácticamente todos los medios de comunicación, el juez Fernando Andreu ha solicitado fianza civil, de 19 millones de euros, para Miguel Blesa (16 M€) y Rodrigo Rato (3 M€), por su responsabilidad en la emisión de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia con el fin de asegurar responsabilidades pecuniarias y multas que pudieran imponerse. Las fianzas son por los presuntos delitos de administración desleal, una conducta que sanciona a los administradores de una sociedad que realicen conductas causantes de perjuicios, con abuso de las funciones propias de su cargo.
Para calcular las fianzas se ha tenido en cuenta el dinero que durante su mandato, como presidentes, se gastó de forma presuntamente ilícita, más el 25% mínimo de recargo que recoge la ley que se puede añadir a la imposición de la fianza.
Como en tantos otros casos de afloramiento de actos irregulares, cuando no claramente ilegales, en España, detrás se encuentra la “denuncia” de alguien próximo a la trama. La investigación interna de Bankia sobre estas tarjetas arranca el pasado año, poco después de que eldiario.es publicase, en diciembre de 2013, la primera información sobre estos sobresueldos sin declarar, que aparecía en uno de los correos de Blesa, obtenidos a través de una fuente anónima derivada por el Partido X.
La decisión interna con la que se crean algunas de estas tarjetas (las serie oro, ya que posteriormente se creó la serie plata) está fechado el 3 de mayo de 1994, bajo la presidencia en la caja de Jaime Terceiro, dos años antes de la llegada de Miguel Blesa a Caja Madrid. Los 15,5 millones de euros que investiga la Audiencia Nacional sólo recogen el periodo de 2003 a 2012, por lo que la cantidad total que pudo cobrar irregularmente la cúpula de Caja Madrid probablemente sea mayor.
La contabilidad de las tarjetas opacas iban a parar, dependiendo de los titulares bien a “gastos de representación” bien a la cuenta de “quebrantos”, que es en la que el banco contabilizaba el dinero no recuperable de “visas” robadas.
El ex director general de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj (que gastó 484.000 euros, con su tarjeta opaca), ha asegurado que Hacienda conocía la existencia de las tarjetas de Caja Madrid.
Desde luego, una vez más, si Hacienda lo conocía nada hizo para evitarlo, y si no lo conocía no parece fácil justificarlo, salvo por la falta de asignación de los recursos necesarios para ello, por parte de un organismo que invierte millones de euros para detectar los posibles fraudes de los particulares, autónomos y pequeños empresarios.
Algo similar podríamos decir del Banco de España, cuyos máximos responsables parecen más empeñados en mantener las apariencias de un sistema financiero todavía con serias incógnitas, que en desvelar la realidad contable de algunas entidades.
Este doble rasero por parte de las Administraciones Públicas a la hora de tratar a los grandes y poderosos, frente al tratamiento que se otorga a los ciudadanos de a pié, pone en cuestión de manera grave el principio de igualdad ante la justicia, uno de los pilares de todo sistema democrático, pone en cuestión la propia praxis democrática.
Urge aclarar y corregir este tipo de ineficiencias por parte de organismos cuya principal justificación es la de evitar este tipo de acciones, que se repiten en exceso.
En cuanto a los beneficiarios de dichas tarjetas, difícilmente podrá achacárseles intencionalidad punitiva, pero más difícilmente pueden justificar su comportamiento. Un sobresueldo opaco ofrece dos características: la primera es que suele estar relacionado con una actividad y unos resultados, algo imposible de asociar con el autoconsumo “retributivo” que se establecía con este régimen de tarjetas; la segunda es que, se pongan como se pongan los beneficiarios, implica fraude fiscal en el IRPF, contribuyendo descaradamente a la economía sumergida.
¿Cómo se puede justificar técnicamente un sobresueldo, opaco para Hacienda, variable a “demanda”?
Se identifica más con una maniobra de captación de voluntades, mediante la incitación a un alto nivel de consumo gratuito, generando complicidades.
Gracias a Jesus Pedroche, uno de los beneficiarios de estas tarjetas, sabemos cómo se aliviaban las conciencias de los “más escrupulosos”: “No se envía a nadie el listado de movimientos, que queda como responsabilidad de la entidad ante las autoridades tributarias”, respondió el Secretario General de la misma, Enrique de la Torre, al requerimiento que Jesús Pedroche realizó sobre los movimientos de su tarjeta.
Una respuesta que podría dejar tranquila a mi madre, jubilada, con estudios medios, y que sufre Alzheimer, pero no a un licenciado en Derecho por la Complutense, como él, ex Senador, y ex otros muchos altos cargos en distintas Administraciones Públicas; desconozco si tal respuesta amainó el escrúpulo del señor Pedroche y continuó disfrutándola, o sí los 132.193,22 euros, atribuidos al mismo, se corresponden a gastos anteriores a dicha respuesta.
Que los máximos responsables de la Caja no se tenían la menor intención de declarar nada, lo pone de manifiesto la expresión que Miguel Blesa, Presidente de Cajamadrid en ese momento e Inspector de Hacienda en excedencia, soltó cuando Enrique de la Torre le informó de la solicitud de Pedroche: “¿Pero de qué va este señor?”