José Barta; martes 1 de julio 2014
Algunos lectores me escriben, solicitando que me manifieste sobre las distintas “propuestas” y “promesas” que el Gobierno Rajoy está realizando en estas últimas semanas. Suelo responder sistemáticamente que me cansa el constante batallar contra la burda mentira y contra la desinformación torticera. Al menos cuando estás se encuentran soportadas desde el Poder del Estado, que es lo que está sucediendo en nuestro país.
Y es que hace tiempo que perdí la confianza en los políticos en general y en el Gobierno Rajoy en particular.
Sobre este último pesa un agravante, si lo comparamos con el Gobierno Zapatero, dado que no se sabe realmente qué modelo de sociedad, ni que valores defiende. Si se me apura, la mentira como instrumento de gobierno, por execrable que sea, tiene su sentido cuando persigue una finalidad, pero los miembros de este Gobierno mienten “a discreción”, sin otra finalidad que la de salir del paso, “mantener la posición”, lo que me lleva al título que he dado a este artículo: “Nadie puede dar lo que no tiene”
Son muchos los ejemplos que podría aportar en defensa de esta conclusión mía, pero me limitaré a reseñar dos hechos de similar relevancia, tratados de manera absolutamente distinta:
El pasado 21 de octubre de 2013, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dicta una sentencia, en el caso Del Río Prada contra España (demanda Nº 42750/09), por la que falla que ha habido vulneración del artículo 7 (no hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que insta “al Estado demandado (España) a garantizar la puesta en libertad de la demandante en el plazo más breve posible.” Esta Sentencia que afectaba de plano a la llamada “Doctrina Parot”, no solo es acatada por el Gobierno Rajoy en sus términos, en un plazo inferior a cuarenta y ocho horas, se extrapola su contenido – sin que el Tribunal se hubiera pronunciado expresamente en dicho sentido – a todos los presos en situación similar, afectando la Sentencia como generadora de Jurisprudencia, incluso contra fallos del Tribunal Supremo de España, en un hecho sin precedente en el contexto europeo.
¿Cómo explicar esta reacción del Gobierno Rajoy? ¿su sensibilidad hacia la justicia es de una exquisitez admirable?
Unos meses antes, el 14 de marzo 2013, la Sala Primera del Tribunal de Justicia Europeo dicta sentencia (en el caso C-415/11), que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, mediante auto de 19 de julio de 2011, recibido en el Tribunal de Justicia el 8 de agosto de 2011, en el procedimiento entre Mohamed Aziz y Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), por la que establece que “la normativa española, que impide al juez que es competente, declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario y suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión”. Esta Sentencia que, a diferencia de la anterior, no incide en derechos de delincuentes sino en los de los consumidores frente a las grandes corporaciones, sigue pendiente al día de hoy, quedando a la buena voluntad – y riesgo – del Magistrado el mantener paralizado el procedimiento hasta que se regule dicha capacidad.
¿Incoherencia del Gobierno Rajoy?, ¿o todo lo contrario en la defensa de unos intereses que se han mantenido ocultos, en la medida de lo posible, por lo que no resulta temerario calificarlos de espurios?
Esta desconfianza hacia el Gobierno, que supongo es compartida por una gran mayoría de españoles, salvo los desinformados y los fanáticos – que cada partido cuenta con un buen número de ellos -, unida a la, cada día más fundada, convicción de que con el mero dialogo resulta imposible cambiar nada, es lo que me lleva a reaccionar con menor viveza a las eternas promesas del Gobierno.