José Barta; 13 de octubre 2013
El pasado lunes, 7 de octubre, el Ministro De Guindos estuvo en la presentación oficial del Mercado Alternativo de Renta Fija, que desde el Gobierno ha sido calificado como una importante opción para las PYMES, afirmando que el mismo nace para “completar las fuentes de financiación de la economía española”.
A pesar de lo comedido que, a diferencia del chulesco Montoro, procura mostrarse De Guindos en los últimos meses, esta afirmación resulta excesivamente pretenciosa.
Adelanto que me parece una buena medida de política financiera, si bien dirigida a un segmento del sector empresarial muy reducido, cuyos problemas financieros encuentran otras soluciones al día de hoy.
Este nuevo mercado financiero solo es válido – no pretende más – para un máximo de cien empresas medianas-grandes y grandes, que cumplen sus requisitos y pudieran interesarse en él.
Más de 1.100.000 pequeñas y medianas empresas de nuestro país seguirán como hasta ahora, sin una solución financiera estructural, no bancaria, adecuada a sus necesidades financieras.
Y es que los requisitos mínimos que se exigen a aquellas empresas que decidan emitir pagares, bonos y obligaciones, acogiéndose a este mercado, son los de tener un ebitda superior a 10 millones de euros, unas ventas anuales superiores a 50 millones de euro, experimentando crecimiento en el último año, un ráting de riesgo igual o superior a ‘BB’ y un ratio deuda/ebitda inferior a 4, así como una evaluación de solvencia, por parte de una Agencia de Calificación autorizada por ESMA.
Según la consultora empresarial Axesor, en España, habría un grupo de 780 empresas susceptibles de acogerse a este mercado, por cumplir el perfil económico contable exigido. El 53% de estas compañías pertenece, según dicha firma, al sector industrial y el 24% al sector comercial.
Por otra parte este mercado, que actualmente se encuentra orientado exclusivamente a inversores institucionales, se está vendiendo como una magnífica oportunidad dado el atractivo de su alta rentabilidad (se estima que estarán entre el 6% y el 10%), frente a otras alternativas similares, como la Deuda Pública, algo que podría reducir aún más el conjunto de posibles empresas usuarias interesadas, ya que esta financiación les implicaría unos costes totales superiores al 14%, algo difícilmente asumible en euros, en los próximos años.
Considero excesivamente optimistas las previsiones realizadas tanto por el Instituto de Estudios Bursátiles, como por la consultora Axesor, que han anunciado que este mercado para pymes podría movilizar hasta 1.000 millones de euros en solo un año, con un mínimo entre 20 y 30 emisiones al año. Si el Gobierno lo apoya, a través del ICO, quizás así se produzca en el primer año, pero duro se mantenga dicho logro en los sucesivos.
Para dinamizar este mercado se debería dar entrada a inversores de riesgo no institucionales, que suelen exigir rendimientos económicos algo menores, lo que atraería a mayor número de empresas emisoras, dentro de las que cumplen las actuales condiciones.
La experiencia europea no ha sido espectacular en este mercado, como nos muestra el caso de Noruega (Oslo AMB), que establecido en 2005 su aportación real al sector no supera los 4.223 millones de euros en ocho años.