José Barta; 3 de julio 2013
En el Consejo de Ministros del pasado día 28 de junio, se aprobó un “Proyecto de Ley por el que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras” en el que, entre otras modificaciones tributarias se equipara a la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb) con una entidad financiera, exceptuándola de las retenciones respecto de las operaciones de préstamo que haya percibido de las entidades aportantes y, adicionalmente, se fija la exención en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP y AJD) para la constitución de garantías para la financiación de las adquisiciones de inmuebles.
Este tratamiento fiscal resulta irregular si consideramos que la Sareb es una empresa participada mayoritariamente por capital privado, sujeta a las leyes de un mercado en el cual compite con otras empresas.
Lo de que es empresa privada no lo digo yo, lo dijo el cuestionado vicepresidente de la Comisión Europea, y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, hace escasamente tres meses, en respuesta por escrito al eurodiputado de CiU Ramon Tremosa, que le interpelaba sobre si la diferencia entre el precio pagado por Sareb por los activos de Bankia (27.900 millones de euros) y el precio de mercado (15.900 millones), “debe ser sumada al total de deuda pública del Estado.
El flamante responsable de Competencia en el seno de la Unión Europea, le respondía: “La Comisión no considera Sareb una entidad pública…(ya que) “es de titularidad mayoritariamente privada, su único objeto es hacer frente a la crisis financiera, se ha creado por un período determinado y prevé pérdidas pequeñas si se comparan con el tamaño total del pasivo”.
A estas alturas lo único que me sorprende es que las empresas competidoras de la Sareb no hayan abierto la boca para protestar por dicha arbitrariedad.
¿Ignorancia, miedo, …? Sea cual sea la causa, dice mucho de la forma de entender el mercado por parte de este Gobierno, y también sobre la escasa independencia de las patronales del sector.