José Barta; 6 de febrero 2013
Pocos días después de la llegada al Gobierno de España del Partido Popular, escribí una carta abierta al Ministro De Guindos y al resto del equipo económico, en la que advertía sobre las prioridades que, en una sociedad con el elevado número de parados como la española, necesariamente ha de tener cualquier medida económica.
Políticas económicas, a diferencia de lo que tratan de vender estos dictadores del pensamiento único en que se han convertido nuestros gobernantes – independientemente del color ideológico que muestren – , hay muchas. La diferencia entre ellas se suele encontrar principalmente en sobre que colectivo social es sobre quien se hace caer el mayor esfuerzo para la recuperación.
La decisión, en la adopción de una serie de modelos o de otros, se encuentra determinada por los intereses que se defienden en última instancia. No es una decisión tecnocrática, es una decisión política.
El Gobierno de España ha mostrado de forma clara cuáles son sus prioridades a la hora de defender intereses económicos-sociales. El resultado está siendo un saneamiento de algunas entidades financieras quebradas, a costa del sacrificio de una clase media, que todavía no ha acabado de descubrir hasta donde ha sido comprometido su futuro económico.
Hasta el momento ni una sola de las medidas adoptadas ha contribuido a crear un marco económico que facilite el desarrollo de pequeños empresarios, que es la base sobre la que necesariamente se debe producir la recuperación de la economía española.
Trece meses después de la toma de poder, un Ministro de este Gobierno anuncia unas medidas que apuntan, en mi opinión, en la buena dirección.
Hace unos días, la Ministra Fatima Bañez “preanunció” una nueva “Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven” con medidas que incentivarán la puesta en marcha de una actividad por cuenta propia con menores cotizaciones para los que empiezan.
La palabra “preanuncio” la uso como síntesis del proceso que está siendo empleado por este Gobierno, para aquellos temas que considera patatas calientes, al objeto de “ceder sin conceder”, como le gusta parafrasear al Ministro Ruiz Gallardón, interpretándolo como un ejercicio de apunto pero no disparo, y cuando lo hago lanzo un perdigón en lugar de una pieza de cañón.
Nuestra sociedad precisa recuperar la senda de la creación de riqueza, ya que solo así se logrará la creación de puestos de trabajo.
Esta capacidad escapa a la naturaleza de las grandes corporaciones en el corto plazo, como se está apreciando en nuestro país. Incluso proyectos tan emblemáticos – independientemente de la calificación ética que se merezca – como Eurovegas, exigen unos preparativos, previos a la creación de un apreciable número de puestos de trabajo, no inferior a veinticuatro meses para el comienzo de las necesarias obras de urbanización. Demasiado tiempo para una sociedad que contempla impotente cómo se pierden – económica y psicológicamente – dos generaciones de ciudadanos (la de los menores de treinta años y la de los mayores de cincuenta años).
Solo la recuperación de pequeños empresarios y autónomos sería capaz de detener el circulo vicioso actual, reinvirtiendo la tendencia. Pero para esto se precisa un marco adecuado.
La Ministra ha hablado sobre la posibilidad de reducir las cotizaciones a aquellos que se lancen a desarrollar una actividad económica por cuenta propia y esto apunta buenas maneras.
Lamentablemente a la hora de perfilar, a grandes rasgos, las características de dichas medidas, nos encontramos una vez más con que se presentan como excesivamente restrictivas para el logro de los objetivos que se pretenden.
Las limitaciones temporales (50 € de cotización solo los seis primeros meses), así como las restricciones de los colectivos a los que se dirigen (menores de treinta y treinta y cinco años, según se trate de hombre o mujer) no tienen sentido, si lo que se pretende es propiciar la creación de una trama social de pequeños empresarios o emprendedores (como les gusta decir ahora).
Un emprendedor lo es independientemente de la edad y el sexo; salvo que nos encontremos ante un nuevo alarde de demagogia, como ya sucedió con los desahucios.
En países como Holanda, con importante tradición de emprendedores, los nuevos empresarios no aportan un solo euro a la Administración hasta realizado el balance económico del primer año; entonces – en función del resultado – comienzan a aportar.
Algo similar debiera desarrollarse en España, y sería de justicia ya que las grandes corporaciones, cuando tienen problemas económicos, logran aplazamientos y quitas en la SS y en deuda tributaria, fuera del alcance de los pequeños empresarios y autónomos.
Pero estas medidas, siendo importantes no son suficientes. Se deben acompañar de todo un paquete que elimine las actuales cargas que pesan sobre todo aquel emprendedor que quiera acometer un proyecto empresarial.
De una vez por todas se debe supeditar – al menos para pequeñas empresas y autónomos – la recaudación de los IVAs a los cobros de las facturas correspondientes, dejando el Estado de financiarse a costa de los que empiezan.
Otras reformas imprescindibles pasarían por la devolución trimestral de los IVAs no compensados, reconocer la posibilidad de dar de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a familiares directos del autónomo o del propietario de la pequeña empresa.
Dadas las dificultades que suelen tener las pequeñas empresas, por razón de su alto coste, para captar colaboradores altamente cualificados, facilitar la posibilidad de pagarles con acciones u “opciones”, aplazando su fiscalidad a la venta de las mismas o a la pérdida de la condición de pequeña empresa.
También se precisaría agilizar a no más de veinticuatro horas, dado el progreso de los procesos informáticos, la obtención de certificados registrales sobre marcas, denominaciones societarias, etc.
Crear la figura societaria de microempresa, con un capital mínimo de trescientos euros, con estatutos normalizados, inscribibles en el Registro como tales microempresas, con el mero reconocimiento de firmas de los participes, notarial o ante funcionario del Registro. Reduciendo así los costes de constitución de empresas y facilitando la posterior participación de inversores para este tipo d empresas.
Agilización – en cuarenta y ocho horas, tras presentación de la documentación requerida – de los permisos de trabajo para extranjeros que contraten las pequeñas empresas.
Agilizar los procesos de insolvencia, permitiendo prescindir de abogado y procurador, tras la certificación de la subinspección de Hacienda.
Levantar el estigma que en nuestro país se crea sobre aquel que ha fracasado, lo que nos diferencia radicalmente de los países anglosajones, en especial de los Estados Unidos donde se valora positivamente esta experiencia, permitiendo reemprender nuevos proyectos a aquellos que en su día no pudieron triunfar. Para esto las Administraciones públicas, principales responsables de esta situación, deben condonar, a los emprendedores, todas aquellas deudas que, con las distintas Haciendas Públicas y la Seguridad Social, surgieron tras el fracaso empresarial – siempre que no se pueda demostrar dolo -, levantando esa carga sobre su patrimonio e ingresos futuros, algo que no se produce en el entorno de las grandes corporaciones, que tienen recursos técnico-jurídicos para liberar a sus administradores.
Agilizar la obtención de licencias y permisos, para el desarrollo de actividades comerciales, y así un largo numero de medidas que se pueden introducir en nuestro entramado jurídico administrativo, que permitirían descargar el incomprensible peso que se aplica a todo aquel que desea emprender un proyecto empresarial y no tiene una fortuna económica que le respalde en el mismo.
Se precisaran más medidas encaminadas a proporcionar financiación así como a facilitar la inversión en este tipo de proyectos, pero esto puede ser materia para otro artículo.
Ahora el Gobierno tiene que mostrar si realmente quiere potenciar el desarrollo de una economía productiva basada en las pequeñas empresas y autónomos, o no pasa de ser una pose, porque no cree en este modelo de desarrollo económico. Por las razones que sean.