José Barta, 26-04-2010
Ha llegado a mis manos un interesante informe, elaborado por el profesor Jaime Álvarez, Director de Pública Subasta, que bajo el titulo Subastas 2009 analiza las subastas públicas (es decir forzadas por los tribunales) que se realizaron en España en el pasado año. Este informe se ha realizado sobre el total de subastas, no solo las inmobiliarias, si bien las desglosa por tipos.
En general podemos afirmar que durante el año 2009 se efectuaron 39.000 subastas, casi el doble que durante el 2008, que alcanzaron 20.022 subastas.
De estas 39.000 subastas, 30.303 correspondieron a inmuebles de distinta naturaleza, tal como se puede contemplar en el grafico siguiente:
En este mismo grafico, elaborado por mí con datos de Publica Subasta, se puede apreciar el número de subastas por tipo de inmueble, el precio medio de salida por cada tipología, así como el precio más alto de salida por cada tipo de inmueble. (Al final del artículo les pongo la tabla con los datos originales que conforman el grafico)
Otro dato relevante que nos proporciona el informe citado es el de la identidad de los ejecutantes. Nos encontramos con que más del 40% corresponde a organismos públicos, exactamente el 42,8%.
Dentro de estos organismos la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social acumula más de la cuarta parte de las subastas en España, el 26,1%, por delante de Bancos y Cajas de Ahorro, por separado, tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente, elaborado por Publica Subasta, que recoge a todos los “ejecutantes” que estén por encima del 1% del total:
Esta situación de liderazgo manifiesta de manera clara las dificultades de muchas empresas para hacer frente a sus compromisos con las Administraciones Públicas.
Pone de manifiesto un problema que puede llegar a ser grave para estas instituciones, dado que, según el mismo Informe, entre el “80-90 % de las subastas quedan desiertas según las estadísticas
recogidas al pie de los juzgados”, lo cual pone en cuestión la capacidad de monetización que realmente tienen estas Administraciones, y en particular la Seguridad Social, lo que confirma la idea de que los ingresos pendientes, que tiene esta última, no van a poder ser cobrados, al menos en su totalidad.
También explica una realidad que estamos viviendo día a día, como es el creciente aumento de las carteras de adjudicados inmobiliarios, por parte de las entidades financieras, que está originando mayores tensiones sobre el sistema financiero.
Un dato interesante que, con toda seguridad, evolucionará muy negativamente, es que el número de subastas judiciales de inmuebles supone la mitad, aproximadamente, de la actual morosidad hipotecaria. Este dato creemos que se incrementará, en parte por el persistente incremento del paro, que augura un fuerte incremento de la morosidad, así como por el hecho de que el informe elaborado por Publica Subasta recoge un apreciable incremento de las mismas en el cuarto trimestre del pasado año, por lo que, dada la naturaleza de estos actos, con los plazos de ejecución que exigen, las acciones judiciales iniciadas a finales del 2009 se comenzarán a reflejar en subastas realizadas en el 2010.
En el cuadro siguiente pueden apreciar la relación entre morosidad en Cajas y Bancos, y su correspondencia, a finales de 2009, en subastas públicas:
Finalmente quisiera destacar un dato que se contiene en este informe que estamos analizando. “Más de 11.300 viviendas de las casi 14.000 subastadas tenían un precio de salida inferior a los 280.000 euros”, esta banda de precio es la que corresponde a la estrategia desarrollada por las promotoras durante los dos últimos años del boom, para hacer asequibles las viviendas (por sus dimensiones más bien apartamentos-apartamentitos) a los segmentos de población joven, en concreto los comprendidos entre los 25 y los 35 años, que junto con los mayores de 50 años, están siendo de los más castigados por esta crisis.
TABLA ANEXO:
