José Barta. 4 de mayo 2020
El Gobierno Sánchez-Iglesias ha optado seguir manteniendo las practicas de control masivo de población, con la novedad de discriminar franjas horarias por edades, introduciendo la posibilidad de discriminar medidas por áreas geográficas más reducidas, como es la provincia. Con esta decisión, el Gobierno Central, sigue la estrategia mantenida hasta ahora, sin dar prioridad a la discriminación por poblaciones de riesgo real (no solo por edad), ni entrar en el ámbito individual, discriminando contagiados con sintomatologías leves (que no les lleva a solicitar consulta médica), contagiados asintomáticos y personas inmunes, por haber pasado la enfermedad y haber desarrollado anticuerpos (esta última información solo se obtiene a través de la IgG)
También ha aprobado un estudio de seroprevalencia, diseñado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre una muestra estimada de 60.000 personas.
Según Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III, el objetivo principal es “intentar estimar el número de ciudadanos que han estado en contacto con el virus y para ello lo que se va a realizar es una estimación de las personas que han conseguido desarrollar anticuerpos”.
Si lo que se pretende es evaluar el porcentaje de población inmune actualmente, todos los expertos coinciden en afirmar que el resultado mostrará lo alejados que nos encontramos del 60%, considerado como mínimo en el concepto de inmunidad poblacional. Si no se aprovecha, este estudio, para rediseñar la actual estrategia sanitaria, acometiendo finalmente la tan demandada realización de test a la mayoría de la población, los datos obtenidos por dicha encuesta quedarán rápidamente obsoletos.
La reciente Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las “condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, se ha vendido como un cronograma de “desescalada” de las medidas de confinamiento masivo de la población española. Tras estudiarla detenidamente, tengo que decir que, desde una perspectiva tecnica, las nuevas disposiciones no tienen nada que ver con los requerimientos mínimos de un cronograma, a lo más con una enumeración de opciones de comportamiento en público, dado que no se establecen ni los objetivos de salud pública a lograr en cada fase, ni criterios de medición del estado de salud poblacional, imprescindibles para evaluar el paso de una fase a otra, ni una estructuración de alertas, que forzarían a “escalar a una fase inferior”, endureciendo nuevamente las medidas de confinamiento ya relajadas.
Al renunciar, una vez más el Gobierno, a la realización masiva de test, renuncia al tratamiento personalizado de la enfermedad, dado que no discrimina entre personas que han logrado la inmunidad, de personas sanas que no tienen inmunidad, por ello con un potencial riesgo muy superior, de personas infectadas asintomáticas, que están contagiando su entorno si saberlo.
Lograr identificar precozmente cada uno de estos estadios, permite acometer el seguimiento de los últimos contactos personales, de las personas infectadas, evaluando sus posibles riesgos y anticipándose a la aparición de síntomas. La actual tecnología de información y comunicación (TIC) puede agilizar extraordinariamente estos procesos, abaratándolos al facilitar el envío de alertas, cuestionarios y cautelas a adoptar, así como el seguimiento de la evolución de los afectados, a través de terminales electrónicas.
La estrategia adoptada por el Gobierno va necesariamente por detrás de la curva de contagio, al centrarse exclusivamente en el crecimiento de enfermos diagnosticados en instalaciones sanitarias (hospitales y quizás ambulatorios), por lo que las medidas preventivas se endurecerían una vez detectado un crecimiento anómalo de estos enfermos. En una enfermedad cuyo periodo de incubación se ha observado que oscila entre dos y catorce días, con capacidad de contagiar a lo largo del mismo, resulta imprevisible la gravedad de la expansión de los nuevos focos, tras su alerta por esta metodología.
Actualmente, sin descartar el uso de los PCR, tenemos test rápidos serológicos, para valorar la IgM y la IgG, que nos permitirían detectar infectados asintomáticos y personas inmunizadas, quizás sin haberse percatado de que han pasado la enfermedad, como me sucede a mí. Poner en aislamiento a los primeros e incorporar a una vida activa, casi normal, a los segundos, son los pilares de una estrategia que vele simultáneamente por la salud de los ciudadanos, así como por la rápida recuperación económica, minimizando en lo posible el drama social pos Covid-19.
Con visión realista, es fácil prever como, la pandemia sufrida, condicionará las relaciones sociales y profesionales, quizás durante algunos años. Es difícil pensar en una reactivación del turismo internacional sin la exigencia, a los viajeros de certificados de vacunación, o de anticuerpos, o con la obligación de guardar cuarentena preventiva, algo que choca con la naturaleza del viaje turístico y con el de negocios.
La obligatoriedad de certificados sanitarios, es compatible con hipotética decisión de la OMS de declarar algunos territorios, de alto riesgo de infección, lo que los dejaría fuera del circuito turístico mundial.
Nuestro país ingresa más del 12% del PIB por la actividad turística; porcentaje que se dispara si tenemos en cuenta su interacción con otros sectores, como el comercio textil, inmobiliario, etc. Desde la perspectiva del turismo internacional, España, ha perdido el año 2020; ya lo comprobaran.
La estrategia adoptada por el Gobierno español resulta extraordinariamente conservadora, en el sentido más peyorativo, reaccionando ante criterios de infectación masiva, sin tratar a la persona como factor crítico. Los posibles reservorios en asintomáticos, así como la llegada de infectados foráneos, podrían ser detonantes de nuevas oleadas de infección, que se detectarían demasiado tarde.
Los problemas de protección de datos, derivados del salto de la gestión de masas a la personalizada, se deberán resolver adecuadamente; en todo caso resultan de menor importancia, frente a la perdida de libertades Constitucionales a la que nos está llevando el sistema actual, como es el del reencuentro familiar, algo que no se puede realizar, por no estar previsto ni siquiera en el caso de personas sanas, incluso de personas inmunes. O la perdida del derecho a la asistencia a actos religiosos, tan necesarios para los creyentes y tan respetable como el del reencuentro familiar, o el de reunión, o el derecho a trabajar en actividades compatibles con la salud pública, etc. Y en estos casos no resulta aceptable el exclusivo criterio de temporalidad, dado que el factor tiempo es subjetivo y, por ello, fácil de manipular. La actual estrategia, de sometimiento de derechos fundamentales a decisiones tecnocráticas, siempre cuestionables, no se puede prolongar por más tiempo, sin grave perjuicio del Estado de Derecho.