José Barta; lunes, 27 de julio 2015
Pudiera parecer que nada tienen en común un comunista como Eduardo Mangada* y una liberal como Esperanza Aguirre, a la hora de comparar sus políticas legislativas en una materia tan crítica, para el desarrollo social y económico de una comunidad, como es el urbanismo. Pero esta primera impresión desaparece de inmediato tras un somero análisis de las legislaciones implantadas por ambos.
Mangada, con un análisis ideológico fundamentalmente marxista, llegó a la conclusión – en 1980 – de que la ciudad de Madrid no crecería más, con lo que sentó las bases para la elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana (1985), extraordinariamente rígido y constrictivo, especialmente en lo que afectaba a la capacidad para edificar nuevos edificios de oficinas. El ingreso de España en el Mercado Común disparó la llegada de nuevas empresas a la Capital del Estado, generando el crecimiento de muchas de las que ya se encontraban ubicadas en la misma, provocando una demanda extraordinaria de nuevas oficinas, que se vio bloqueada por una limitadísima oferta, con grandes dificultades para adecuarse a dicha demanda, provocando una importante ralentización en el crecimiento económico de la ciudad, así como un disparatado crecimiento de precios de venta y alquiler, especialmente en el sector de oficinas. Esta primera burbuja inmobiliaria de nuestra democracia se localizó principalmente en Madrid capital y alrededores. Sus secuelas han llegado a nuestros días dado que algunas de las inversiones, en edificios de oficinas, se realizaron con precios no superados – a moneda constante – ni en el año 2007, último del segundo boom inmobiliario del país, cuyas secuelas todavía vivimos.
Pues algo similar ha generado Esperanza Aguirre con sus aportaciones a la ya ineficiente Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, elaborada por Ruiz Gallardón. En particular con la limitación que establece un máximo de tres alturas, más ático retranqueado, para los nuevos desarrollos urbanísticos en la Comunidad. Esta decisión que parece sacada de su personal añoranza por el modelo de edificación londinense que se puede contemplar en la costumbrista serie televisiva “Arriba y abajo” (en inglés Upstairs, Downstairs ). Este disparate urbanístico no encuentra ningún soporte en las edificaciones históricas propias de la ciudad de Madrid, ni del resto de municipios de la Comunidad. Un capricho inexplicablemente tolerado por unos colaboradores acríticos e irresponsables, y que solo ha generado “quebraderos de cabeza y está plagada de excepciones que no han sido suficientes para aclarar la ley, sino que han dado lugar a interpretaciones contrarias” (declaraciones de José María Ezquiaga, Decano Colegio de Arquitectos de Madrid, publicadas el pasado 17 de julio en El Confidencial)
Personalmente vengo denunciando tal disparate legislativo desde que se publicó de mala manera en una ley de acompañamiento, práctica que los Gobiernos del Partido Popular elevaron a la categoría de ordinaria administración. Posteriormente he seguido pidiendo su revocación, explicando las funestas consecuencias que puede llegar a tener en el supuesto de un relanzamiento real de la economía en la Comunidad de Madrid. En esta línea se encuentra mi artículo del 18 de septiembre 2012, titulado REFORMAS URBANÍSTICAS QUE EXIGIRÁ EL PROYECTO “LAS VEGAS” , y el de 18 de julio 2013, titulado LA LEY DEL SUELO DE MADRID BLOQUEA SU DESARROLLO ECONÓMICO
Hasta el día de hoy, los distintos equipos del Partido Popular, han hecho oídos sordos a mis argumentos, que no son más que el desarrollo lógico de sus disparatadas consecuencias en el supuesto de una nueva etapa de crecimiento económico. Hasta el momento actual, la ausencia de dicho crecimiento ha tapado el pernicioso efecto de esta regulación, lo que no ha impedido numerosos y continuos reveses judiciales, con ralentización y encarecimiento de importantes proyectos urbanísticos. Dificultades y reveses que se eliminarían de raíz con solo suprimir de la Ley la injustificable limitación de tres alturas y ático retranqueado, que, por otro lado, avoca al desarrollo de un urbanismo insostenible, por fomentar la dispersión territorial, con un considerable incremento de impermeabilización del terreno, así como de consumos energéticos e incremento de los costes de servicios municipales, derivados de una menor densidad poblacional.
La reforma de la liberal Aguirre, de mantenerse, llegará a producir efectos más perniciosos que la del comunista Mangada, por lo que merecidamente ambos merecen el título de madre y padre del urbanismo mordaza (para el desarrollo) en España.
Me temo que el liderazgo de esta reforma, necesaria y urgente, no lo tomará el Gobierno del PP, ojala me equivoque, pero de estar en lo cierto Ciudadanos deberá plantearse la misma en colaboración con Podemos y PSOE. No nos podemos engañar, por lo que no veo factible una nueva Ley en esta legislatura, pero elemento para las oportunas correcciones puntuales si existen, y argumentos medioambientales y económicos.
- Eduardo Mangada Samain nació en Anna (Valencia), el 4 de marzo de 1932. Estudió Arquitectura en la Politécnica de Madrid, doctorándose en la misma. Inició su militancia en el Partido Comunista de España en 1973, permaneciendo en el mismo hasta 1982, año en que fue expulsado debido a su apoyo a la fusión con Euskadiko Ezkerra. Entre 1979 y 1982 fue Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, que estaba presidido por Enrique Tierno Galván. Tras ser expulsado del PCE se integró en el PSOE, siendo reclamado, en 1983, por Joaquín Leguina para formar parte del Primer Gobierno de la Comunidad de Madrid, asignándole la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, a la que, en 1987, sumó la de Obras Públicas y Transportes. Se retiró de la vida política en 1991