José Barta; 11 de febrero 2015
Hoy quiero tocar dos aspectos que, desde mi punto de vista, han sido críticos para llegar a la crisis institucional, social y económica que sufrimos en España.
Sin duda la experiencia más numerosa y directa, en cuanto a mi confrontación con profesionales de la política en activo, se ha producido en mi periodo de tertuliano radiofónico. De todos es conocida la afición, de los aspirantes a mejores cargos, a aparecer en medios de comunicación. La mayor parte de las discusiones tenían como fondo su sesgada interpretación de la realidad, así como los límites del ejercicio del poder en democracia.
No simplifico demasiado si afirmo que, para la inmensa mayoría de nuestros “representantes políticos”, la democracia consiste en el derecho de los ciudadanos a votar las listas cerradas de candidatos, que se les presenta en las distintas convocatorias. Nada más; que ellos interpretan como ¿qué más queréis?
Una vez elegidos, ya no existen límites de ningún tipo para las decisiones que se adopten, salvo el que deben adoptarse por la mayoría de los mismos. Y si los ciudadanos discrepan ya tendrán ocasión de manifestarlo en las siguientes votaciones; como si el ejercicio de elegir representantes eliminara todo derecho a los electores, hasta la siguiente ocasión.
Este concepto, anómalo en democracia, se intenta justificar en que el elector se ve plenamente representado por sus elegidos, en virtud de la afinidad ideológica con los mismos, así como en el conocimiento del Programa Electoral que presentan; pero cada vez resulta más común que los votantes desconozcan en profundidad la ideología real de los electores, o que incluso conociéndola no la compartan en su totalidad. Por otra parte, la vieja idea sobre el programa electoral como marco de desarrollo, y por ello limitativo, de la gestión de los representantes elegidos para ello, ha pasado a ser historia para niños de pecho, siendo la norma el incumplimiento del mismo.
Debido a un mediocre sentido de la libertad en las personas, demasiados españoles no son capaces de comprender que, en democracia, la voluntad de los ciudadanos debe consultarse siempre que se precise acometer acciones extraordinarias, como consecuencia de acontecimientos extraordinarios. El político electo debe limitarse a ser un administrador de la cosa pública, no el alter ego del elector.
Actualmente este principio de respeto por la voluntad de los votantes, que llevaba a realizar consultas extraordinarias (referendos) ante circunstancias extraordinarias (crisis), ha desaparecido, al menos a nivel del Estado español.
Tras la aprobación de la Constitución Española se han celebrado dos Referendos en dicho ámbito: el de 12 de marzo de 1986, que planteaba la Permanencia de España en la OTAN; y el de 20 de febrero de 2005, que planteaba la aprobación del texto propuesto para la Constitución Europea.
Desde entonces no se ha vuelto a plantear una nueva consulta popular en nuestro país. Las razones no están demasiado claras, dado que se han producido circunstancias extraordinarias suficientes, alguna con alcance de reforma constitucional, que lo hubieran justificado sobradamente.
Solo así se comprende la reciente reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, que se formalizó el 27 de septiembre del 2011, que fue aprobada gracias a la connivencia de los dos partidos parlamentarios mayoritarios (PSOE y PP) junto a UPN, sin el menor consenso con el resto de los partidos, ni el suficiente debate social.
Aun cuando implicaba una reforma de calado, los partidos políticos citados decidieron que no se precisaba Referendum al realizarse la Reforma por proceso ordinario; con esto se pasaba por alto la clara cesión de soberanía reflejada en el último párrafo del punto 1, que subordina la emisión de Deuda Pública española, a los criterios de la UE: “El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.”
Tampoco se tuvo en cuenta la gravedad que comportaba el dotar de prioridad absoluta a los derechos de los acreedores financieros en los gastos de los Presupuestos Generales, mediante la incorporación de un nuevo punto, el 3, a dicho artículo.
Esta incorporación no resulta baladí, ya que desfigura el principio de “economía social de mercado” expresado en nuestra Constitución, subordinándolo a un nuevo modelo de “economía al servicio del Sector financiero”: “3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.”
Juzgue el lector si no hubiera sido conveniente preguntar, a los ciudadanos españoles, sobre la conveniencia de priorizar – en época de profunda crisis económica- los intereses de los acreedores financieros del Estado, poniéndolos por encima de los futuros recursos asignables a la sanidad, o a las pensiones, o a los salarios de los distintos empleados públicos (entre los que se encuentran médicos, maestros, policías…), incluso a costa del pago a los acreedores que realizaron servicios o vendieron productos a esas mismas Administraciones
Con la modificación realizada toda la capacidad de pago de nuestro país, tiene como prioridad el pago de la deuda financiera. A raíz de entonces lo sorprendente es que nuestra prima de riesgo sea superior a la alemana, dado que ¿qué riesgos corren aquellos a los que se les garantiza que, en España, en caso de insolvencia, cobrarán aun cuando se muriera de hambre la población? Por qué esto es lo que se ha aprobado con dicha reforma Constitucional.
Pero no ha sido esta la última ocasión en la que se ha presentado la necesidad de otra decisión crítica, hurtándose a los ciudadanos españoles el derecho a optar directamente por su futuro; así volvió a suceder cuando el Gobierno de Rajoy tomó la decisión de que el Estado asumiera como propia la importantísima deuda de numerosas Cajas de Ahorro, a las que el equipo Zapatero – con el apoyo del PP – forzó a fusionarse, al objeto de convertirlas en riesgo sistémico.
El Gobierno de Mariano Rajoy no ha cesado de airear, de manera reiterada, que “la realidad con que se encontraron fue mucho peor que la prevista”. En esta circunstancia es en la que tratan de justificar el incumplimiento sistemático de sus compromisos electorales.
Sin perjuicio de lo sorprendente que resulta dicha afirmación, por parte de un Gobierno constituido mayoritariamente por altos funcionarios del Estado – asesorados por la supuesta crême de la estructura empresarial -, si la damos por cierta nos encontramos con un supuesto en el que se producen las condiciones éticas precisas para la convocatoria de un Referendum en toda regla. Al verse invalidada la posible aplicación del Programa electoral con el que se logró el voto mayoritario de los electores, como consecuencia del profundo deterioro de la realidad económica, lo honesto hubiera sido el sacar a la luz dicha situación, proponiendo una nueva política económica y social acorde con la misma.
Me gustaría pensar que no quisieron asumir el riesgo de una consulta popular sobre la conveniencia o no de nacionalizar las deudas de las Cajas. Decisión política que se ha mostrado de consecuencias históricas muy superiores al ingreso de España en la OTAN; solo en el ámbito socio-económico, esta decisión, ha superado negativamente las consecuencias positivas del ingreso de España en el entonces Mercado Común Europeo (actual UE); en el ámbito internacional nos ha transformado en un país marginal.
Pero lamentablemente soy consciente de que al equipo de Rajoy jamás se le pasó por la cabeza la necesidad de convocar un referéndum, para informar y recabar la decisión de los ciudadanos españoles. Es más, probablemente jamás pensaron en cumplir sus compromisos electorales, utilizándolos tan solo para encandilar a un país profundamente desencantado, algo que encaja perfectamente con su estilo de ejercicio del poder, más próximo al del mandatario plenipotenciario que al de fiel administrador de los bienes públicos.
Es probable que pensaran que todo les iría medianamente bien, dada la corta duración que para la crisis preveían sus incompetentes expertos, algo que les ha llevado a anunciar erróneamente la recuperación en el 2013 y en el 2014, para volver a anunciarla en el 2015, sin reconocer que la mayor parte de la sociedad se ha empobrecido, retrocediendo la renta neta disponible a niveles de los ochenta, con mayor desempleo.
Esta equivocación ha embarcado a los actuales gobernantes españoles en una dinámica de ocultamiento y falsedad estadística, con la que, lejos de justificarse, han logrado perder la escasa confianza, que mantenían, de la mayoría de los ciudadanos; solo los más beneficiados por la actual gestión, y los “tontos útiles” que siguen esperando que el PP cumplirá sus compromisos iniciales, se muestran dispuestos a renovar su voto.
Por todo lo expuesto no resulta sorprendente que, estos personajes, opten por la estrategia del miedo y se vuelquen en tratar de asustar a los ciudadanos con el peligro que supondría el triunfo de un partido como Podemos.
No parece lo más adecuado que aquellos que han mostrado tan claro desprecio por la verdad y por la libertad de los ciudadanos, negándoles toda opción para aceptar o rechazar unas medidas que condicionarán sus vidas para muchos años (esa es la verdad y así les consta a los responsables), denuncien futuras actitudes similares en un tercero.
Esto es lo singular de los sistemas democráticos; cuando se pierde credibilidad, se pierde toda opción de recuperar la confianza de los ciudadanos con meras palabras, y estos pueden rechazar seguir siendo engañados por los mismos, dando a otros la oportunidad de mostrar que existen personas honestas dispuestas a asumir la gestión pública…¿y si los nuevos les engañan? Pues más de lo mismo y vuelta a empezar, que cada día tiene su propio afán.