José Barta; 29 de enero 2015
La nueva estrategia del Partido Popular, para “ganarse” a los votantes, pasa por un vídeo de Rajoy llamando a las puertas de ciudadanos medios, agradeciéndoles su aportación. Lo primero que se me vino a la cabeza, cuando lo vi, fue que Rajoy bien podría llamar a las puertas de los ciudadanos medios, pero principalmente para pedirles perdón; perdón por el daño infligido a las familias y con ello a la sociedad. Un daño que pasará factura durante mucho tiempo.
Lo de que Rajoy pida perdón no es por el prurito de verle humillado, como quizás desearan algunos, con mentalidad más revanchista que progresista, sino porque la petición de perdón indica arrepentimiento, el arrepentimiento surge del examen de conciencia, y solo estas premisas permiten y llevan a la rectificación.
Pero no parece claro que el actual Gobierno de España, con Rajoy a la cabeza, tengan el más mínimo pensamiento de cambiar sus modos, ni sus políticas.
Estas políticas que han llevado a la desestructuración de una gran parte de las familias españolas, y con ellas a la de la propia sociedad, que ha quedado empobrecida y degradada.
Naturalmente que estoy hablando de economía (en sus ámbitos macro y micro), por esto es por lo que hablo de las familias.
La familia es escuela de ciudadanos solidarios, dado que en la misma cuentan los intereses de todos, por encima de los propios, propiciando actitudes confiadas en el trato con los demás; en la familia se aprende el valor de las personas por lo que son, no por lo que tienen; y finalmente la familia es la más importante unidad de consumo y producción, en la que sus miembros aprenden el valor de los recursos y la gestión sostenible de los mismos, pues la familia trasciende a las personas que la integran proyectándose hacia el futuro, el futuro de los seres queridos, que hay que preservar.
Estas y otras muchas razones convierten a las familias en una institución crítica para el progreso social y económico de cualquier comunidad. Que algunos líderes españoles no admitan estas premisas dice mucho de lo desgraciadas que debieron ser sus infancias.
En España las familias, actualmente, están compensando los profundos desequilibrios económicos creados por los distintos Gobiernos (estatal, autonómicos y municipales), así como por las grandes corporaciones empresariales, evitando el agravamiento de muchos dramas personales, contribuyendo a la paz social.
El Gobierno de Zapatero las debilitó introduciendo factores de desconfianza, propiciando el enfrentamiento entre sus componentes, mientras que el Gobierno de Rajoy las ha sacrificado en beneficio de sus intereses y de las grandes corporaciones financieras y empresariales.
Llevo desde el 2010 urgiendo a desarrollar una legislación que ayudara a las familias en las situaciones de insolvencia económica, que evitara, o suavizara, lo que en gran medida ha ocurrido desde entonces y todavía no ha terminado, dado que la “responsabilidad patrimonial universal”, que instauró nuestro Código Civil de 1889, consagrada en su art. 1911, aboca a la “muerte civil” por sobreendeudamiento. (El lector puede ver mi artículo Una propuesta, sobre insolvencia familiar, que fracasó ).
Mis argumentos para justificar esta petición se basan en que:
- a) La actual legislación no contempla la quiebra económica de las familias, lo más que regula es la quiebra del comerciante individual,y ni siquiera es válida para pequeños comerciantes, dados los altos costes que conlleva;
- b) la Ley de insolvencia familiar debe contemplar no solo el impago de una hipoteca, y la posible pérdida del asentamiento familiar (la vivienda), que puede llegar a ser inevitable en casos concretos, también los riesgos de exclusión social, en especial el de los niños, así como las medidas para ayudar a una recuperación económica de la familia y los requisitos precisos para ello;
- c) debe valorarse cada caso individualmente, ya que las circunstancias son muy diversas y también se debe investigar y prevenir los posibles fraudes. (Ver Esta vez a la segunda tampoco )
En aquel entonces la mayoría de las reacciones, tanto desde ámbitos políticos como académicos, cuestionaban la necesidad de dicha legislación – con esa ceguera tan característica de nuestros prohombres a lo largo de la historia. Y sin embargo este tipo de legislaciones ya existía en la mayor parte de los países de la Unión Europea, así como en los más desarrollados del resto del mundo. Concretamente este tipo de leyes, a los que se suele denominar de “segunda oportunidad” existen en Francia, Gran Bretaña, Italia, EEUU, Finlandia, Bélgica, Alemania, Portugal, Dinamarca, Austria, etc… Según el CGPJ, en Europa sólo tres Estados no disponen de este tipo de normativa: Bulgaria, Grecia y España.
El Partido Popular procedió a aprobar la Ley 14/2013, pretenciosamente denominada como Ley de Emprendedores, que pese a venderse como la gran panacea ha dejado las cosas como estaban, al menos en este campo; lo mismo que los tan cacareados “pactos éticos” con las entidades bancarias, para evitar desahucios, concebidos por el incalificable De Guindos.
Con su actitud, los políticos populares, niegan a las personas físicas, y con ellas a la gran mayoría de las familias, lo que otorgan a las personas jurídicas (empresas), dado que mientras estas últimas pueden llegar a liquidarse en el proceso concursal, dejando deudas insatisfechas – lo que no impide que sus socios puedan constituir nuevas sociedades, pudiendo comenzar de nuevo -, las personas físicas quedan condenadas al ostracismo civil y mercantil para toda su vida, pues las deudas le perseguirán incluso tras ser liquidados sus patrimonios, incluso tras su fallecimiento alcanzará a sus herederos.
Lo más grave de esta injusta situación, sin duda alguna, es que nuestros gobernantes la están manteniendo con plena consciencia de ello, si bien – quiero pensar así – ignorantes de sus graves consecuencias a medio y largo plazo; con una mirada absolutamente cortoplacista han optado por defender los intereses de las entidades financieras peor gestionadas de nuestro país, e intereses financieros internacionales espurios, a costa del patrimonio de las familias, algo que una Ley de las características defendidas por mí, no hubiera permitido.
Un prueba de que no exagero cuando acuso al Partido Popular (dado que gobierna con mayoría absoluta) de sacrificar conscientemente los intereses de las familias de clase media, nos la aporta el que en septiembre de 2013, el Parlament de Cataluña, aprobó una Proposición de Ley de medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar en esta línea; la propuesta fue rechazada, por la mayoría absoluta del Partido Popular, al presentarse en el Congreso de los Diputados, en febrero de 2014.
Últimamente los Jueces Decanos del Estado Español, en su XXIV Reunión Nacional, celebrada en Valencia, entre el 1 y el 3 de diciembre de 2014, entre sus Conclusiones han urgido a la elaboración y aprobación de una Ley de insolvencia familiar.
Los intereses financieros se han convertido en los nuevos dogmas religiosos, al menos para políticos mediocres como los que tenemos en España y en el resto de la Unión Europea.
Hoy día nadie cuestiona que la crisis sufrida, de proporciones planetarias, tiene sus raíces en la pérdida de valores morales, éticos, pero nuestros gobernantes no parecen haberse enterado. Es hora de que reaccionen y rectifiquen, ese si sería un buen mensaje de Rajoy para nuestra sociedad, tardío, pero bueno.
“La ética no se enseña principalmente con libros, clases o códigos -aunque todo ello puede ayudar mucho-, sino con el ejemplo educativo que imparten la madre y el padre, personas que traen hijos al mundo (sin población no existiría economía) y que los educan moral e intelectualmente (sin educación tampoco existiría economía). Son ellos quienes primaria y básicamente nos enseñan a vivir en la virtud, a ser capaces de comunicarnos y relacionarnos. Resultan ser, por tanto, fundamentales para la economía y, por ello, deberían figurar en sus libros.” (Apuntes personales sobre conferencia de Don Rafael Alvira, Catedrático de Filosofía, ex Decano de la correspondiente de la Universidad de Navarra)