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José Barta; 13 de septiembre 2014
Informa El Confidencial de que el Director General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, Jaime Ignacio Muñoz Llinás, abandona su cargo después de que Tribunal Constitucional definiera como inconstitucionales ocho artículos (de los diez que fueron recurridos) de la reforma de la Ley de Patrimonio de la CAM, que ha servido principalmente para dar vía libre al Plan Canalejas, liderado por Juan Miguel Villar Mir, y de la que él fue el principal responsable.
Como suele suceder con estos personajes, unos meses antes de la Sentencia del TC, Muñoz escribía un polémico artículo, en la revista del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, en el que criticaba a aquellos que tachábamos de inconstitucional su norma, acusándonos de desconocer tanto la realidad inmobiliaria como la legal.
No es el primer contratiempo al que se enfrenta la Administración de la Comunidad de Madrid, ni será el último. El anterior lo recogí en mi post titulado El TSJ de Madrid rechaza la retroactividad de la Reforma Express del PGOU para Valdebebas.
Madrid cuenta con una Ley del Suelo caótica, pero lo peor es que cuenta con unos políticos medrosos, que solo actúan ante la presión del Poder.
Defiendo desde hace más de veinte años la necesidad de modificar la actual legislación, para hacerla más ágil y transparente, adaptándose a los actuales ritmos empresariales, salvaguardando el medio ambiente urbano y los patrimonios históricos, pero eso no tiene nada que ver con ESTAS LEYES HECHAS A LA MEDIDA de necesidades concretas, mejor dicho: de INTERESES ECONÓMICOS CONCRETOS, como ya sucedió con el fallido Proyecto Eurovegas.
En madrid contamos con una maraña legislativa, en el ámbito urbanístico, con mucho la más ineficiente y arbitraria de España, parece que responde a la medida profesional de nuestros políticos, si bien – en su defensa – parece que estos se encuentran entre los más honrados, por ahora.