José Barta; 4 de mayo de 2014
La gestión de la cosa Pública ofrece la ventaja de que, en un elevado número de casos, la realidad económica no suele interponerse o contrariar los “resultados políticos”. En España tenemos sobrada experiencia sobre los “fantásticos gestores” que llevaron a la quiebra a la mayoría de las Cajas de Ahorros, así como sobre maravillosos gobernantes que “se sacrifican”, por espíritu de servicio, ganando en el sector público lo que jamás ganarían en el privado.
Pero a veces la realidad se impone a corto plazo. Hoy tratamos sobre una de esas excepciones: el Ejecutivo acaba de informar que, en el periodo que va desde el 1 de enero de 2013 al 18 de febrero del presente año – y como consta en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado – se vendieron un total de 1.356 de fincas rústicas por un valor de 6,26 millones de euros y 58 inmuebles urbanos, por 10,7 millones de euros (Agencia EP)
Un autentico desastre, si se compara con los objetivos previstos.
Lo de la falta de cualificación profesional de nuestros gestores públicos, que les incapacita para afrontar con realismo los mercados libres, no es nueva. En concreto, en el sector inmobiliario, les recuerdo la fenecida SPA (Sociedad Pública de Alquileres), a la que en menos de cuatro años se unirá la SAREB.
En el intermedio nos encontramos con que la estrategia de intentar vender, en el mercado inmobiliario actual, lo que la propia Administración estima como poco atractivo, ha fracasado, arrollada por la locomotora de la realidad.
Lo disparatado del planteamiento inicial se puso de manifiesto en la incomprensible oferta, que se llegó a sacar, de solares cuya calificación urbanística solo permitía su uso por parte de una Administración Pública, como el solar sito en Madrid, en la encrucijada entre Padre Damián y Fray Bernardino Sahagún, y otros muchos pendientes de retoques urbanísticos. No se le ocurre, como diría un castizo, ni al que asó la manteca.
En un mercado en el que los principales inversores buscan rentabilidades, se oferta suelos pendientes de gestión urbanística, o simplemente rurales.
Ya he tratado de esto en numerosas ocasiones, expresando la necesidad de apostar por inmuebles en rentabilidad, con el diseño de estrategias de reubicación, de los distintos servicios de la Administración, a largo plazo. Apoyándose en inversores de perfil tan diferente como son los gestores de fondos y los particulares, apoyándose para ello en las SOCIMIs (de todo esto he tratado sobradamente en mi blog). Pero quizás mi error ha sido precisamente ese de proyectar a largo plazo, algo que parece absolutamente reñido con nuestros actuales gestores políticos.
Para los curiosos del informe esbozado anteriormente, a continuación les amplio los datos:
Por comunidades, son Aragón, con 19, y Andalucía, con 12, donde se han enajenado más inmuebles urbanos, si bien el importe recaudado por esas ventas en cada una de esas autonomías no fue superior al que logró con el traspaso de los cuatro edificios que se vendieron en el País Vasco, que supusieron una cifra cercana a los 2,8 millones de euros.
Por su parte, en Castilla-La Mancha el Estado enajenó 760 fincas rústicas por un importe de 1,7 millones de euros, que contrasta con los 360.511 euros que logró con la venta de 170 en Aragón y con los 3,1 millones de euros que se cosecharon con la enajenación de 151 fincas en Castilla-La Mancha.
El texto oficial reseña, además, que en Cataluña, Murcia, Valencia y Canarias el Estado no vendió ningún inmueble urbano en el periodo analizado, en el que tampoco traspasó fincas rústicas en País Vasco, Madrid y Melilla.