José Barta, 27 de septiembre 2013
El fiscal anticorrupción ajena, en uno de sus últimos escritos, al juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso Bárcenas, Pablo Ruz, se opone a requerir al Ministerio de Fomento para que aporte la documentación de los contratos entre 1990 y 2012, con las empresas que aparecen – en las anotaciones del ex tesorero del PP – como donantes de la formación.
Aduce que pedir dicha información es “inútil e impertinente” y “perjudicial para la instrucción”.
El fiscal, en un aparente desconocimiento de las posibilidades que las nuevas tecnologías de la información aportan en estos casos, señala que aunque se desconoce el número exacto de expedientes desde luego serían más de 2.000, “atendiendo y extrapolando los datos facilitados por la Dirección General de Patrimonio” lo que exigiría, para su examen, el empleo de numerosos funcionarios y el retraso en la instrucción por un tiempo no definido pero desde luego superior al año, en el mejor de los casos”.
Parece que el Fiscal desea ahorrar, que estamos en tiempos de crisis y derrochamos demasiado.