Deloitte, auditor de la inmobiliaria, en el informe semestral de gestión, señala que la compañía se halla en “causa legal de disolución al 30 de junio de 2013, existiendo un déficit patrimonial de 162,3 millones de euros”.
Para salir de este agujero, el grupo de Fernando Martín ha solicitado a varios acreedores convertir sus créditos subordinados en participativos. Se trata de una mera maniobra contable, ya que estos segundos pueden computarse como capital y, por tanto, sirven para maquillar la imagen de la compañía.