José Barta; 15 de julio de 2013
El último Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley con medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sector eléctrico, por él que 900 millones de euros serán asumidos por los consumidores, a través de una subida de peajes.
Esta medida supone un encarecimiento del 3,2% en el recibo final, que se suma a los incrementos realizados en los últimos 18 meses, con el consiguiente perjuicio para la competitividad de nuestras empresas, así como para la renta disponible de nuestras familias.
Una renta neta disponible que debido a los recortes salariales, así como a las continuas subidas de impuestos directos e indirectos, incrementos de tasas y gravámenes municipales, incremento de los costes energéticos, sobrevaloración de los precios de referencia de los inmuebles, respecto a la realidad del mercado, a efectos del ITP e IBI, etc., no ha parado de caer, incluso – a precios constantes – por debajo de la renta neta disponible en el año 2000, según datos oficiales del INE; el cual – curiosamente – está retrasando la actualización de muchas de estas estadísticas.
Y esta evolución se produce dentro de un marco de permanente pérdida de empleo (que no por reducirse el número de nuevos desempleados, dejan de incrementar el total), sin atisbos claros de solución ya que la economía real sigue sin contar con los recursos financieros mínimos necesarios, con un elevado coste de los escasos créditos que se conceden – a pesar del bajo precio que tiene actualmente el dinero para los bancos – con una sustancial caída de las inversiones en I+ D y con un déficit público que sigue sin eliminarse, generando nuevas necesidades de financiación para las distintas Administraciones responsables del mismo.
En este contexto el Ministro De Guindos ha subrayado que “la economía española está ganando muchísima competitividad”, ante esta afirmación no tengo por menos que recordar la Curva de Kuznets, que analiza que los países en desarrollo sufren crecientes desigualdades en la distribución del PIB, pero que estas desigualdades tienden a reducirse cuando el país llega a desarrollarse.
Nuestro Gobierno ha optado por la peor de las políticas económicas posibles, el sacrificio de las clases medias en beneficio de una serie de entidades financieras – no del sistema financiero, como no se cansan de mentir – prácticamente quebradas, como consecuencia de la mala praxis gerencial, adoptada por criterios partidistas o de lucros personales espurios.
Nuestra competitividad se apoya exclusivamente en la caída de los salarios, introduciendo un factor distorsionador gravísimo, que acentúa las desigualdades sociales existentes, incorporando otras nuevas.
Con la actual política, difícilmente reversible, no solo se empobrece el país, se le lleva a una condición equivalente a recorrer la curva de Kuznets en sentido inverso, llevándonos a un estatus socio económico similar al de los países que se encuentran en vías de desarrollo.
En mi opinión, la última crisis medianamente valida como referencia fue la que sufrimos en 1977 – fruto de la inadecuada política económica adoptada, por el franquismo tardío, frente a la crisis del petróleo del 72 –, que siendo de proporciones muy inferiores, en cuanto a desempleo y caída del crédito, duró ocho años (hasta 1985), beneficiándonos en la recuperación por nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea (CEE), hoy Unión Europea (UE).
Pero en aquel entonces nuestros políticos tenían un sentido de Estado que ignoran los actuales, y los españoles compartíamos una amplia serie de valores convivenciales y personales que facilitaban la solidaridad y la ilusión por un proyecto común.
Parece que a diferencia de Marty McFly, en su Regreso al Futuro, nosotros hemos conseguido Alcanzar nuestro Pasado.