El Gobierno estima que la “tercera y última” fase del plan de pago a proveedores municipales y autonómicos requerirá como máximo de 19.350 millones de euros que, en cualquier caso, “no supondrán un incremento de gasto público ni tendrán incidencia sobre el déficit público” porque se articularán como una mera transformación de deuda comercial ya reconocida en deuda financiera.
Así consta en la memoria de impacto normativo del decreto ley de Medidas Urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, que fue aprobado en el último Consejo de Ministros y que busca “poner el contador de la deuda comercial a cero con carácter previo a la implantación de la factura electrónica, el registro contable y el periodo medio de pagos”.