José Barta; 10 de junio 2013
Este mes se cumple un año desde la inyección de 40.000 millones de euros a Bankia. No se sabe si para celebrarlo, el pasado viernes se aprobó, en Consejo de Ministros, remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, tras superar el trámite del Consejo de Estado. (PROYECTO DE LEY DE CAJAS Y FUNDACIONES BANCARIAS)
Como el propio Gobierno indica, la norma da cumplimiento a los compromisos recogidos en el Memorándum de Entendimiento (MoU) acordado con la Unión Europea como parte del programa de asistencia para la recapitalización del sector financiero. Por este motivo su desarrollo se centra en las Fundaciones bancarias.
Respecto a las pequeñas cajas de ahorro supervivientes de esta crisis, se limita a rehacer lo en su día deshecho por Enrique Fuentes Quintana.
En concreto establece límites de orden:
Operativo. Vinculando explícitamente la actividad financiera de las cajas con los clientes minoristas y las pequeñas y medianas empresas. Eliminando la posibilidad de que las cajas no puedan dedicarse a actividades financieras complejas.(Habrá que ver que quiere decir esto)
Territorial. Se establece que el ámbito de actuación de las cajas de ahorros no podrá exceder el de una Comunidad Autónoma. No obstante, podrá sobrepasar este límite siempre que actúe sobre un máximo total de diez provincias limítrofes entre sí.
Volumen. Las cajas de ahorros no podrán tener un activo superior a los diez mil millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35 por 100 de los de la comunidad autónoma en la que operen.
De igual manera se trata de establecer un procedimiento de control de las mismas que escape, en lo posible, a la incidencia en la gestión de partidos políticos y asociaciones profesionales (sean patronales o sindicatos obreros), reforzando el control de los impositores.
A este efecto se atribuye una representatividad a los impositores de entre el 50 % y el 60% de los consejeros generales, limitando la facultad de las Administraciones Públicas a un máximo del 25% de los mismos.
Así mismo se refuerza la incompatibilidad del ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno con el de todo cargo político electo, y con cualquier cargo ejecutivo en partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, así como con altos cargos de las administraciones públicas. Igualmente se requiere que, al menos, la mitad de los miembros del Consejo de Administración sean independientes, y no podrán tener tal consideración los que sean consejeros generales.
En definitiva, tal y como nos tiene acostumbrados este Gobierno, todo muy reglamentista y muy aparente, pero no se facilita mínimamente la creación un nuevo tejido de pequeñas entidades financieras, de ámbito local, que pudieran canalizar el crédito al consumidor final, a la economía real.
Los Bancos Centrales no acaban de comprender el por qué, a pesar de la abundancia de liquidez en el interbancario, generada por el BCE, y los bajos tipos de interés, los créditos no fluyen. Y es que se sorprenden de cosechan aquello que han plantado.
Y es que la mayor parte de los Bancos españoles:
– Siguen refinanciando créditos dudosos.
– Mantienen activos sobrevalorados a la realidad de los mercados, y no solo en el sector inmobiliario, también en el industrial, con participaciones societarias ruinosas
– Tienen una profunda desconfianza sobre los sectores productivos, que les hacen desviar sus inversiones a Deuda Pública, con escaso riesgo y alta rentabilidad para el coste que tienen por el dinero
Estados Unidos, el país que mejor ha soportado – y sigue soportando – la crisis financiera, tiene más de 9.000 Banco independientes.
Durante el transcurso de esta crisis muchos han quebrado – a diferencia de nuestro sistema, que no se permite quebrar a ninguno – pero muchos más salen adelante, y el dinero llega a su destino: familias, profesionales y empresas, cumpliendo su cometido, que no es sino el de crear riqueza, para poder salir de la crisis.
Nuestros gobernantes, con sus “comités de sabios” han apostado por el modelo contrario. Así nos va.
Esta reforma, por supuesto no será la “definitiva”, y no nos ayudará a salir de la crisis; confiemos en que se produzca otra con nuevos criterios, lo antes posible.