José Barta; 14 de enero 2013
Una vez más no les puedo ocultar mi preocupación ante algunas de las medidas de este Gobierno. Parece que esta semana quedará formalizada la cesión de viviendas, alrededor de 6.000, que las entidades financieras (Bancos y Cajas) pondrán a disposición del Fondo Social de Viviendas para dar alojamiento a las familias que se hayan visto afectadas por desahucios.
A pesar de las prevenciones manifestadas inicialmente por la AEB, incluso los Bancos se han adherido entusiásticamente. Parece que la CECA aportará más de 3.000 procediendo las restantes de los bancos. Algunas fuentes apuntan a que el BBVA cederá 899 casas al fondo social; Santander, 427 viviendas; Banesto, 143; Santander Consumer, 18, Banif, 2; Popular aportará alrededor de 330 pisos; Bankinter, 100; Barclays, 142; Sabadell, 138, Banco de Valencia, 93; Deutsche Bank, 87; Crédit Agricole, 33; ING Direct, 33; Lloyd’s, 20; Banca March, 6; Targobank, 5; Pichincha, 6, y Bancoa y Banco Gallego, 3.
Aparentemente el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, ha supuesto un autentico éxito en cuanto al objetivo previsto por el Gobierno, que no es otro, como se apunta en su exposición de motivos, que “movilizar un amplio parque de viviendas, propiedad de las entidades de crédito,…”.
Entonces ¿qué espíritu mezquino es el que me anima a manifestar dudas sobre la bondad de esta medida, llevándome a compararla con un sistema de destierro e internamiento tan inhumano como el Archipiélago Gulag?
Pues miren, son dos los aspectos que me preocupan principalmente.
El primero es que, el Real Decreto, regula quienes se podrán beneficiar de esta opción de manera absolutamente pormenorizada, no dejan tan claro lo que han de pagar de alquiler, y de lo que no habla en absoluto es sobre cuáles deben ser las principales ubicaciones de dichas viviendas, ni el número de las mismas en cada ubicación, ni siquiera he visto la más ligera indicación sobre la necesidad de elaborar un estudio que lo aclare.
Sobre la “sorprendente oferta” realizada por las entidades financieras, desconocemos la ubicación de las mismas, sus dimensiones, si cuentan con colegios próximos, ambulatorios médicos, etc.
Sin conocer la distribución actual, así como la evolución previsible de las familias desahuciadas, resulta imposible evaluar la necesidad geográfica y el numero de viviendas, por lo que, dado que se denominan inmuebles, por la imposibilidad de desplazarlas a otro sitio en caso de necesidad, se está creando un parque de viviendas sin tener en cuenta las necesidades de la demanda.
¿Qué es lo que se pretende?¿Se obligará a los desahuciados, sin recursos, a desplazarse lejos de sus precarios trabajos – si es que lo tienen -, sacando a sus hijos de los colegios públicos que frecuentaban, alejándolos de sus amistades que podrían ayudarles, provocando la exclusión social, pero justificando así el éxito de una medida chapucera?
Afortunadamente en España no tenemos la climatología de Siberia, por lo que – “los beneficiarios” de esta política – siempre podrán plantar legumbres y verduras, en los parques cercanos, para comer; podrán dar clases a sus hijos en los patios de las viviendas… Lo que no tengo muy claro es como pagaran los alquileres, si no pueden trabajar.
El segundo aspecto completa el primero, se lo expreso en forma de pregunta: ¿Han conocido ustedes un solo gesto desinteresado, por parte de las entidades financieras españolas, en los últimos… años?
¿No les parece que existen elementos de sobra para dudar? Esperemos que el Gobierno aclare todas estas dudas.