José Barta; 5 de noviembre 2012
Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a una charla de Gustavo Entrala, CEO de la Agencia 101, sobre un tema que podría resumirse con la expresión “el Futuro del Mundo está en tus manos”, conclusión que sustentaba en las escasa capacidad que las personas, que habitamos el Planeta, tenemos a la hora de predecir el futuro.
Es esta una afirmación que chirria en lo más profundo de mi cabeza, dada la actividad a la que me dedico, de la que el elemento “profético” no resulta irrelevante.
Me he vanagloriado en ocasiones de mi capacidad para adelantar las distintas crisis que hemos sufrido desde el año 82, en nuestro país, analizando sus orígenes y consecuencias. Y he acertado más que la mayoría, con predicciones publicadas en cada circunstancia que lo demuestran.
A pesar de ello, los grandes giros que el mundo ha experimentado me han asaltado por sorpresa, como la caída del comunismo en Europa del Este, la realidad de internet, etc. En este sentido tengo que dar la razón a Gustavo Entrala, lo que me permite, al tiempo, no descartar a priori mi posible influencia en la transformación de un futuro que se nos presenta cada vez más ajeno a los deseos de las personas corrientes, de los usuarios del transporte público.
A pesar del aparente desinterés, incluso desprecio, que puedan tener para mis propuestas los “detentatarios del poder político y económico” de nuestro país, he decidido exponerlas a la luz pública, y animo a hacerlo también a mis lectores, primero porque de esta forma se enriquecerán con las aportaciones de los demás, en segundo lugar porque servirán para contrarrestar el “mensaje de pensamiento único” que desean imponer los poderosos, en tercer lugar…animo al lector a iniciar este “ejercicio de aportación” de otros motivos.
Llevo más de cuatro años insistiendo en la necesaria regulación legal de la “quiebra” o “insolvencia familiar”.
El pasado viernes, dos de noviembre, tras el correspondiente Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia habitual, anunció la creación de un grupo de trabajo compuesto por varios ministerios, entre los que figuran los de Hacienda, Economía y Justicia, para buscar nuevas soluciones al problema social de los desahucios.
Recuerdo al paciente lector que ya hace meses, este Gobierno, llegó a la conclusión de que la mejor manera de resolver el drama social que amenazaba desatarse, como consecuencia del creciente desempleo y el elevado endeudamiento hipotecario de las familias, no era otro que un pacto “deontológico” suscrito voluntariamente por todas aquellas entidades financieras dispuestas a ayudar a sus clientes insolventes.
Las condiciones que en el citado “pacto” se establecían para aceptar la dación en pago de la vivienda, cancelando con ello el crédito hipotecario sobre la misma, resultaban tan excluyentes con la realidad de la mayor parte de los futuros perjudicados, que prácticamente todas las entidades se apresuraron a firmarlo.
Ya entonces algunos manifestamos que, como ya sucedió con lo legislado por el Gobierno Zapatero en su día, dicho acuerdo no resolvía ningún problema, por afectar a una minoría muy marginal, así como por no afrontar el problema en su raíz.
Meses más tarde, la Vicepresidenta, afirma que esta no es una reforma que el Gobierno “quiera aplazar, sino acometerla lo antes posible”, por lo que proceden a crean “un grupo de trabajo” que, supongo, será la antesala de una “Comisión de trabajo”, que redactará “un borrador de propuesta”, y así ad aeternum.
Y es que el paso del tiempo no parece importante para nuestros políticos. Pero con más de quinientos desahucios diarios, según datos de distintos organismos judiciales, y en continuo crecimiento, el drama de la perdida del hogar se suma al de la pérdida de empleo, para cada vez más familias.
Hasta el momento no parece que “el despacito y buena letra” esté sirviendo para “hacer las cosas bien” a este Gobierno.
La futura reforma me temo que llegará tarde y volverá a ser insuficiente, y es que no basta con evitar que con la perdida de la vivienda no se produzca la liberación de la deuda, algo que “castra” económica y moralmente al afectado para el resto de su vida, es preciso preservar, en lo posible, a las familias de la pérdida del hogar.
Algún jurista, o economista, prestigioso y ajeno a la realidad, podría afirmar que ya existen leyes para esto, y es cierto que la actual legislación regula los concursos o quiebras de personas físicas, pero el tratamiento que se da a las soluciones que se plantean no tiene una mirada social sino económica, pues están pensadas para comerciantes, y ni siquiera para los pequeños, que caen en tales situaciones en el ejercicio de su profesión. Por esto, cuando se intenta aplicarla al endeudamiento de una familia, lo que puede notarse es que su lógica interna no tiene manera de dar respuesta a las implicaciones que el estado de endeudamiento severo o de imposibilidad de afrontar las deudas tiene no sólo en las personas sino en la sociedad.
Resulta imposible en la práctica que una familia altamente endeudada acuda a los servicios de un abogado y un procurador, soportando las costas que los actuales procesos conllevan. Tampoco se está en condiciones de soportar, sin gravísimos quebrantos, los plazos actualmente existentes.
Las circunstancias económicas, personales y familiares deben dar lugar a “un plan de saneamiento económico familiar” que garantice la subsistencia de todas las personas que la integren, evitando cualquier situación de exclusión social e inestabilidad psicológica, en especial de los menores y enfermos, al tiempo que garantiza los compromisos de pago a los acreedores, en los términos convenidos. Dentro de estos términos se debe encontrar un acuerdo transitorio por el que la familia abona “un importe razonable” (este sí que se necesita que sea razonable a la realidad económica familiar) por el uso de la vivienda, con expectativa de retomar, en el menor plazo posible, la situación anterior a la de insolvencia. Acceso preferente a colegios públicos – si es que anteriormente acudían a colegios privados -, así como a becas de comedor, libros, transporte público, prioridad para determinados trabajos relacionados – directamente o indirectamente – con el sector público, etc.
Se precisa unos juzgados de conciliación familiar que den el visto bueno a las propuestas que se realicen por parte de familias y acreedores, o que determine los términos de las mismas, en los supuestos de ausencia de acuerdo. También entiendo que resultarán claves los técnicos de Hacienda, dada la información económica con la que cuentan, imprescindible a los efectos de acercarse lo más posible a la realidad de cada miembro de la familia. Su participación, como profesionales cualificados que son, resultaría clave en el asesoramiento a la familia para la elaboración del correspondiente “plan de saneamiento”. Lo mismo cabe decir de algunos profesionales del ámbito de los servicios sociales, integrados en las respectivas Comunidades Autónomas. Y así con todo un desarrollo normativo que agilice los procesos, emitiendo dictámenes, inscribibles en el Registro Civil, en un plazo inferior a treinta días desde su inicio. Sin costes de tramitación.
En cualquier caso no piensen nuestros políticos que esta regulación nace de la necesidad creada por una crisis económico-financiera, más o menos temporal; surge como un instrumento legal imprescindible en la actual sociedad de consumo, y especialmente con un mercado laboral liberalizado, que es lo que parece ser la máxima prioridad – junto con el rescate de las antiguas Cajas – para nuestro Gobierno.
Situaciones generadas como consecuencia de:
a) pérdida de empleo por despido;
b) precariedad de empleo;
c) incapacidad temporal o permanente;
d) enfermedad grave o crónica que implique gastos extraordinarios;
e) separación personal, divorcio o disolución de la sociedad conyugal;
f) fallecimiento de uno de los cónyuges, o del único cónyuge;
g) asunción de gastos imprevistos producto de coyunturas especiales como catástrofes, etc.; y otras no enumeradas aquí, justifican que se legisle sobre dicha situación.
Señores del Gobierno, todas las demás componendas son chapuzas que poco o nada arreglan. No se limiten a buscar el consensuar acuerdos de mínimos, si es que llegar a ser capaces, con la oposición; legislen en beneficio de los ciudadanos, en especial de aquellos que más precisan la protección del Estado; y por favor no se eternicen en su aprobación, si no saben cómo empezar les ofrezco mis servicios. No teman: gratuitos, soy un ciudadano corriente, que intenta vivir de lo que gana trabajando.