José Barta; 14 de octubre de 2012
Con harta frecuencia olvidamos que las causas de la crisis que actualmente sufrimos es de orden ético. La cultura dominante actualmente a nivel mundial, y España no es una excepción desgraciadamente, se caracteriza por anteponer el lucro económico personal al del interés general, usar la mentira como instrumento habitual de gestión empresarial y política, admirar y aplaudir el enriquecimiento rápido, y desmedido, sin contraprestación social que lo justifique; en ocasiones el origen de este enriquecimiento es la comisión de auténticos delitos, tipificados o no, cuyas consecuencias se eluden o se estiman rentables económicamente.
Es este el entorno que ha propiciado la mayor crisis – en tiempo de paz – que han contemplado las economías desarrolladas, desde la Gran Depresión (1929). Lamentablemente este sigue siendo el entorno ético en el que se elaboran, y aplican, las medidas correctoras que actualmente sufrimos en todo el mundo.
España no solo no es una excepción, es un claro ejemplo de la misma; probablemente, y sin que hayan aflorado todos los escándalos que realmente se han producido, somos el “país avanzado” con mayor número de políticos envueltos en causas criminales, y si no somos el de mayor número de condenados es debido a la ausencia de recursos materiales y humanos que caracteriza a nuestra Administración de Justicia. Situación que cada día entiendo más como expresamente provocada por los distintos gobiernos, en una maniobra de cuidarse las espaldas…por si acaso.
En este contexto nos encontramos con un Gobierno, el del Presidente Rajoy, que no cesa de adoptar medidas que, para la inmensa mayoría de los ciudadanos que vivimos en este País, no solo no nos sacan de la crisis, más bien sacrifican a la clase media en beneficio de la actual supremacía económica de la propia clase política, así como de la supervivencia de una parte del sector financiero con el que ha mantenido – y todavía intenta mantener – relaciones clientelares.
Obviamente estas afirmaciones mías son compartidas por esa inmensa mayoría de españoles, pero no por la clase política gobernante – a la hora de la verdad tampoco por la opositora -, ni por algunos teóricos de la economía que ya hace tiempo prefirieron olvidar a los Doctores de la Escuela de Salamanca, durante lo que – en mi opinión – fue el siglo de Oro del pensamiento económico español.
La única “justificación” que aportan nuestros dirigentes y sus corifeos, es la búsqueda de “objetivos plausibles y prudentes”. Y en esa dirección vuelcan todo el “poder del Estado”.
Quiero pensar que la mayoría de los actuales responsables de la política económica del Gobierno, son “buenos profesionales”, “penetrados de espíritu de servicio público”. El problema es que se desenvuelven en un entorno en el que los valores éticos se ignoran, o se desconocen, por lo que “los objetivos plausibles” han arrinconado “el principio de justicia”.
Desconocen la realidad, que contemplan a través de un cristal traslucido; saben de la realidad lo que han leído en libros, y en informes econométricos. En estas condiciones es imposible ejercitar incluso el sentido común.
Por ello, presuponiendo su “valía académica” y su “afán de servicio”, se puede observar – ya no es una hipótesis mía, ni de algún otro descerebrado como yo – que las medidas que propugnan y aplican terminan produciendo auténticos estragos en la economía de personas, familias y empresas, y se va socavando la libertad de la mayoría de de los ciudadanos, en la medida en que progresa el desarrollo de dichos objetivos.