José Barta. 21 de mayo 2012
Esta semana vence la prorroga que, de la suspensión del apartado 2 de la disposición transitoria tercera del vigente texto refundido de la Ley del Suelo, realizó el Gobierno Rajoy mediante el “Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público”
En su día ya escribí en mi blog un artículo titulado Ley del Suelo: de la “prorroga” a la “liberalización” en el que valoraba el sentido de una prórroga de seis meses en lugar de una de doce.
Con la decisión adoptada por el Ejecutivo de Rajoy se forzaba a repetir jugada en estas fechas, o a presentar un Proyecto de Ley del Suelo acorde a su programa.
Esta semana vence el plazo, repito, y no han transcendido señales en ningún sentido.
Independientemente de las dificultades que en la gestión de la futura Ley estatal del Suelo generaran las obligadas normas derivadas de la Unión Europea, especialmente en todo lo que afecta al ámbito medioambiental, el Gobierno actual tiene que adoptar dos decisiones con distinto grado de urgencia, pero derivadas de su línea ideológica.
La primera afecta a la tan cacareada “liberalización del suelo”. Concepto sobre el que ya he manifestado, en numerosos foros, mi escepticismo ya que, para que la misma se produjese, sería preciso habilitar la iniciativa privada como generadora de Planeamiento urbanístico, y no está nada clara, constitucionalmente hablando, esa posibilidad. Y sin la misma no existe “liberalización” alguna.
El segundo punto, de mayor urgencia que el anterior afecta a la valoración de los suelos no urbanizados, dado que podemos terminar encontrándonos con “disposiciones normativas opuestas”, dimanadas de distintas normas legales, lo cual afectaría bastante a la imagen de este Ejecutivo, al tiempo que daría pié a un sinfín de pleitos.