José Barta; 2 de enero de 2012
Acaban de publicarme un artículo en Diario Financiero con el título Catastrazo contra familias numerosas y pequeños comerciantes. El termino “catastrazo” es la primera impresión que me sugiere la lectura del Decreto aprobado por el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros. La segunda impresión es que se ha optado por lo fácil, lo seguro, apretar las tuercas a los que no se pueden defender: funcionarios, resto de asalariados e inmuebles. Y dentro de estos colectivos cargar más el esfuerzo en los más necesitados.
Trataremos todos estos puntos con más detenimiento en un posterior artículo, pero por ahora baste con tener claro que, en lo que se refiere al campo inmobiliario, el Gobierno no ha tenido en cuenta para nada el precio del metro cuadrado de cada vivienda, que es el que realmente da referencia del nivel de lujo de la misma, ni ha tenido en cuenta, por supuesto, contemplar como variable la renta familiar per capita, es decir la renta total en función del número de miembros de cada familia, y con ello el poder adquisitivo real de los mismos. Se ha optado p0r lo fácil, por la solución griega. Eso sí, la banca debe ser protegida caiga quien caiga.
A continuación les copio el artículo publicado en Diario Financiero, corregidos algunos errores terminológicos y conceptuales.
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Comprometiéndome a una valoración más pormenorizada y detallada de las consecuencias que, el Decreto aprobado por el Consejo de ministros del viernes 30 de diciembre y publicado el sábado 31, en el BOE, tendrá sobre los distintos sectores de la sociedad española, procedo a aportarles, a mis amables lectores, un anticipo de la misma.
Desconozco de dónde sacan la información la mayoría de medios que han publicado comentarios en estos días, pero en general la misma es bastante incompleta y confusa.
Personalmente he esperado a leer el Decreto publicado en el BOE para emitir tres primeras conclusiones de urgencia.
La primera de todas es que este Decreto se elabora con la principal finalidad de sanear las arcas de los ayuntamientos, especialmente de aquellos que, como el de Madrid, se encuentran con niveles insostenibles de endeudamiento, al tiempo que con la imposibilidad técnica de seguir elaborando nuevos tributos, o incrementando los ya existentes. El Gobierno intenta, con estas medidas, ayudar a la superación del desastre que dejaron ediles como Gallardón.
La segunda se deduce inmediatamente de la lectura del Artículo 8 del Decreto mencionado, que es el que recoge el incremento de los Tipos de gravamen sobre Bienes Inmuebles. Esta medida se aplicará a la totalidad de los inmuebles no residenciales, es decir a locales comerciales, a las oficinas, a las naves y edificios industriales, a los edificios de uso dotacional, a las plazas de garaje no incluidas en la ficha catastral de la vivienda, etc. De todos estos inmuebles, la actividad que menos capacidad de resistencia tiene, al incremento de los gravámenes, es la del pequeño comercio; son los pequeños locales comerciales los más perjudicados proporcionalmente al valor añadido que aportan. El nuevo Decreto aplicará la puntilla a un buen número de comercios que a duras penas lograban resistir abiertos. Buena vista la de nuestros nuevos líderes políticos.
La tercera conclusión que les adelanto tiene un menor número de afectados, pero es casi más sangrante si la vinculamos con las últimas estadísticas que nos ha ofrecido el INE sobre nuestro persistente ”harakiri” demográfico. Dado que el Ejecutivo-legislador no ha establecido un criterio basado en el valor del metro cuadrado construido – y dado el elevado porcentaje de apartamentos existentes en los actuales parques de viviendas -, prácticamente todas las familias numerosas que, con grandes esfuerzos y pocas ayudas, se hayan hecho con la propiedad de un piso medianamente adecuado a sus necesidades de espacio, es decir algo más grande que la media de las actuales viviendas, se verán afectadas de plano, ya que sus viviendas formaran parte de la mitad de viviendas cuyo valor catastral es más alto, por lo que se les aplicará el incremento del canon previsto para sus respectivos municipios. El agravio será todavía mayor si tenemos en cuenta la posibilidad, que desarrollaré más ampliamente en un posterior artículo, de que algunos apartamentos de autentico lujo, por sus reducidas dimensiones, tengan un valor catastral unitario inferior al de estas viviendas familiares. Si este es el “inicio del inicio” esto puede terminar MUY MAL.