José Barta: 30 de mayo 2012
Bueno, por fin ha estallado Bankia. No podía evitarse esta situación, derivada en gran medida del afán de lucro personal de tantos gestores “públicos y privados”, así como de la enloquecida estrategia adoptada por el Ejecutivo Zapatero, y mantenida por el Ejecutivo Rajoy, de propiciar fusiones y absorciones de entidades, al objeto de poder justificar la necesidad de evitar su quiebra, anteponiendo las necesidades de estas entidades a las de familias y pequeñas empresas, quizás pensando sinceramente, y sorprendentemente, que así se beneficiarían estas últimas.
Esta política la hemos venido denunciando unos cuantos, desde la experiencia irlandesa, pero claramente ha prevalecido la opinión de “otros expertos”.
Desde hace muchos años vengo diciendo – principalmente en mis clases, aunque también en alguno de los Consejos de los que soy miembro – que los problemas de carácter económico tienen múltiples soluciones, solo un ignorante o un fanático – que en el orden práctico llevan a lo mismo – podría defender lo contrario. El problema no estriba en encontrar una solución, el problema es decidir cuáles serán las personas y los colectivos más perjudicados, como consecuencia de cada solución.
El “establishment español” ha decidido salvar a toda costa a una parte del sistema financiero – conviene recordar que las empresas no financieras ylas familias también forman parte del mismo – , las entidades de crédito, como se denominaban hace unos años (hoy en día, en su mayoría, carecen de crédito sea financiero o sea moral).
Esta estrategia se ha reforzado “forzando las fusiones, quizás sin pensar que nuestro principal problema a corto plazo era el de liquidez, al que sucedería inmediatamente en de insolvencia. Las uniones de entidades con problemas lo que suele generar es un mercado con menor número de entidades, con mayores problemas por entidad.
Si se tiene liquidez suficiente y un entorno económico en crecimiento – aunque sea moderado – esta fórmula puede dar resultado en la mayoría de los casos, pero si no es así, lo que suele dar paso es a graves desastres.
La primera reforma de sistema financiero español emprendida por el actual Gobierno, realmente valía para poco más que abundar en la estrategia de fusiones, y dar un barniz de moralina a los sueldos de los altos directivos de estas entidades. (Sobre esto he tratado de sobra en artículos concretos)
La segunda reforma, 68 días después de la primera, realmente comienza a aportar medidas novedosas que tendrán una clara incidencia en la clarificación de la solvencia de nuestras entidades financieras.
Las nuevas provisiones exigidas – independientemente de su posible aplazamiento previsto para los casos de fusionadas – a los créditos “buenos” con garantías inmobiliarias, tendrá el efecto, sobre su valor en libros, de aproximarlos a la realidad del mercado.
Aun cuando se han seguido olvidado de las sociedades inmobiliarias participadas por las entidades financieras – que no son pocas (puede ver mi artículo sobre esto) – , las nuevas exigencias ponen de manifiesto que el Gobierno ha descubierto su error, y ha rectificado.
La última reforma, además de originalidades terminológicas como la de “valor razonable” de los activos inmobiliarios (de dudosa interpretación, como ya sucedió con la primera reforma respecto a los “suelos para promover viviendas”), introduce, a los efectos que trataremos aquí, la creación de nuevas bases de datos de inmuebles, el traspaso de todo este tipo de activos adjudicados o adquiridos a una sociedad inmobiliaria que los gestione, obligando a sus gestores a vender un mínimo anual del 5%, de dichos activos y, finalmente, la posibilidad de solicitar financiación vía emisión de deuda convertible.
Sinceramente, debo admitir que todas estas medidas, en mi opinión, lograrán lo que debe ser el principal objetivo en este momento, superar el ocultismo y/o la capacidad de autoengaño (en gran medida apoyada esta última en las inoperantes valoraciones de las tasadoras “oficiales”) de la que hacen gala la mayoría de las entidades financieras, y clarificar el número de activos y el valor real (o muy aproximado) de los mismos.
Obviamente estas medidas tendrán otras consecuencias.
Separados los activos inmobiliarios, valorados a valor contable (en el que se deberán tener en cuenta las provisiones establecidas en la Ley – les pongo un cuadro al final de este artículo -), o a “valor razonable”, se procede a incorporar los mismo a una sociedad de gestión inmobiliaria creada al efecto.
El artículo 4 del Real Decreto –Ley 18/2012 de 11 de mayo, establece en su punto 3 que en el plazo de tres años la sociedad creada, para la gestión de dichos activos, tenga la consideración máxima de empresa asociada.
El conjunto de operaciones enumerado generará, de manera inmediata, importantes pérdidas a las entidades financieras. En algunos casos estas pérdidas provocarán la insolvencia de las mismas.
Es en este punto donde yo aprecio el mayor peligro. El precedente que se establezca con Bankia será definitivo para evaluar el futuro del sistema financiero de nuestro país.
En la disposición final cuarta, del citado Real Decreto-Ley, en su punto Uno, se admite la posibilidad de acudir al FROB, tanto por parte de entidades en proceso de integración, como por parte de entidades que requieran apoyo financiero.
La fórmula que se aplica en el punto DOS, de esta misma disposición final cuarta, es la de emisión de” títulos convertibles en acciones o en aportaciones al capital social”, los llamados curiosamente COCOS.
Los COCOS es la denominación que, desde el FROB, se da a la deuda corporativa convertible, que emitan las distintas entidades y adquiera este organismo público.
En la Ley se manifiesta enfáticamente que estos títulos, suscritos por el FROB, deberán amortizarse lo antes posible, con un compromiso firme por parte de las entidades para ello. “Transcurridos cinco años desde el desembolso sin que hayan sido recomprados…el FROB podrá solicitar su conversión en acciones o en aportaciones sociales de la entidad”. Es decir, que aquellas entidades a las que les vaya tan mal que no puedan devolver el dinero tendrán que pagar con la conversión de la deuda en acciones, a precio de mercado, naturalmente.
La remuneración de ¿los prestamos? recibidos del FROB será elevada, el doble del importe de la financiación del Tesoro a cinco años, actualmente correspondería a un porcentaje en torno al 12% anual.
Estará bien retribuida, pero me temo que será difícilmente cobrable en un elevado número de casos.
¿Cuál será el resultado más previsible? Intentaré adelantárselos al amable lector, que me ha soportado, hasta el momento, con la paciencia de Job; comparación esta de lo más adecuada si tenemos en cuenta que cada vez me parezco más a Jeremías, que fue un profeta, del Antiguo Testamento, que no cesaba de anunciar calamidades y desastres, al extremo de que cuando daba una “buena” noticia, no se tenía muy claro si era preferible la “mala”.
Si el actual Gobierno, que pronto controlará el Banco de España a su satisfacción, con el nombramiento de un amiguete (mejor o peor cualificado, pero amiguete; ¿o cree usted que nombrará a un personaje brillantísimo, pero enemiguete) como nuevo Gobernador – teniendo la capacidad de rechazar planes de viabilidad de la entidades financieras, negándoles el acceso a financiación pública – sigue adoptando la postura de apoyar incondicionalmente a todas las entidades que requieran financiación, transcurridos cinco años, el Estado español tendrá una presencia accionarial mayoritaria en un elevado número de entidades inviables (o viables en base a seguir aportándolas fondos propios – a fondo perdido – como se está planteando el caso de Bankia)
En cinco años nuestra economía no se recuperará lo suficiente como para tirar para arriba de aquellas entidades con mayor exposición al riesgo inmobiliario, lo que las incapacitará para devolver cualquier tipo de préstamo – o como se le llame – que se realice a dicho plazo.
Solo aquellas entidades financieras que tengan más de un sesenta o setenta por ciento de su actividad fuera del país, conseguirán crecer de manera que pueda hacer frente a sus pérdidas inmobiliarias. Como podrán comprobar estas serán muy, pero que muy pocas.
El pasado lunes el Presidente Rajoy realizó unas declaraciones, a la salida del comité ejecutivo del Partido Popular, en las que afirmaba “No va a haber ningún rescate de la banca española”. ¿Qué quería decir con estas palabras? Si las tomamos acorde con las vigentes reglas gramaticales, significará que se dejara actuar definitivamente al mercado, permitiendo la quiebra de algunas de ellas. Y España lo pasará mal, pero saldrá adelante, eso sí con nuevas entidades financieras (y algunas de las anteriores).
Pero si esa expresión significa otra cosa, como el sostenimiento artificial de dichas entidades, nuestro país no será capaz de soportar esa carga y sucumbiremos o nos adquirirá el BCE, si no acabamos arrastrando al euro con nosotros.
Sobre la realidad de lo que acabo de afirmar puede dar una idea el que, hace unas semanas, el Gobierno, valoraba la ayuda total necesaria, para las entidades financieras españolas con problemas, en 30.000 millones de euros. Hoy descubrimos que esa es la cantidad que necesita Bankia (¿Qué dicen que son menos millones? Ya aparecerá el resto).
La pérdida de valor de los activos inmobiliarios que afectan a nuestras entidades financieras, se encuentra más cerca de los 100.000 millones de euros que de los 50.000 millones.
El tratamiento que se le de a Bankia marcará el sentido que debemos dar a las palabras del Presidente Rajoy y con él al futuro de nuestro País.
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